10 Dic Cómo el decreto de Iván Duque y sus comparendos, afectaron la convivencia y promovieron la violencia urbana.

 Por: Julián Quintero*

Director de ATS

Desde que se expidió el último Código Nacional de Policía, mediante la Ley 1801 de 2016 la tradición constitucional de respeto por el porte y consumo de la dosis mínima que venía de la sentencia C-221 de 1994 empezó a romperse, generando una ola de afectación a la convivencia, violencia, torturas, extorsiones y muertes de las que aún no nos hemos recuperado y continúan puntos calientes listos a reactivarlas.

El quiebre a la política de drogas prohibicionista en Colombia se ha venido dando desde hace varias décadas generando garantías a las libertades individuales, la ley 30 de 1986 permite el autocultivo de hasta 20 plantas declaradas ilícitas (marihuana, coca y amapola), la Constitución del 91 garantiza el libre desarrollo de la personalidad, la sentencia c-221 de 1994 garantiza el porte y consumo de la dosis mínima, indicando que el consumo NO es un delito y dejando claro que se debe tratar como una asunto de salud publica.

Esta sentencia se recoge en la ley 1566 del año 2012 a la par del desarrollo de políticas públicas que desde el año 2007 indican que en Colombia los enfoques de abordaje de consumo son, prevención, mitigación, atención y capacidad de respuesta. Sin embargo, esta tradición garantista de derechos se empezó a romper con la puesta en marcha del Código Nacional de Policía y Convivencia del año 2016, pues según datos de la secretaria de Seguridad de Bogotá, los comparendos empezaron a crecer de manera exponencial pasando de un promedio de 3.000 comparendos por mes en agosto de 2017, a 10.000 comparendos por mes en septiembre de 2018.

Pero a partir de la publicación del decreto 1844 de 2018 el 1 de octubre de ese año, como parte del cumplimiento de una promesa de campaña de Iván Duque, este promedio llegó a aumentar hasta 14.000 comparendos en Bogotá en el mes de marzo de 2019. El decreto, enmarcado en el populismo punitivo, fue publicado pese a las advertencias de gran parte de la sociedad civil, abogados y juristas expertos en el tema como Échele Cabeza. Fue así que tan solo 8 meses después, el 6 de junio de 2019, la Corte Constitucional declaró la inconstitucionalidad parcial del decreto con la sentencia C253/19, meses después, el 30 de abril de 2020 el Consejo de Estado se pronunció en el mismo sentido.

Pese a la inconstitucionalidad el daño ya estaba hecho.   

Así, desde la expedición del decreto presidencial 1844 de octubre de 2018 y la decisión de la Corte Constitucional en 2019, se impusieron 186.000 comparendos, casi 10.000 por mes en Bogotá, el 99% por consumo en espacio público y el 50% a población que vive en las cinco localidades de menores recursos en Bogotá. La sanción corresponde a una multa tipo 2 (8 salarios mínimos diarios legales vigentes) más de 240.000 pesos. 77%  son Jóvenes entre 15 y 29 años, 99.52% comparendos expedidos en el espacio publico, 47.55 % Localidades de Bosa, Kennedy, Rafael Uribe Uribe, Ciudad Bolívar y Suba. El monto de estas sanciones afecta directamente el ascenso social, la integración laboral, el acceso a oportunidades por parte de jóvenes de sectores populares, cuyo único pecado fue portar la dosis mínima que la constitución protegía desde el siglo pasado.

El informe “Bolillo, Dios y Patria” de la ONG Temblores, elaborado con datos oficiales, indicaron que los “Hechos de violencia física cometidos por la policía nacional entre 2017 y 2019 según factor de vulnerabilidad” tuvo en primer lugar a los “usuarios de drogas” con 3214 casos, duplicando al segundo lugar que son los “negros, palenqueros y raizales, que tenían 1492 reportes. Lo mismo ocurrió con “la Violencia física contra mujeres según factor de vulnerabilidad” donde el segundo lugar eran las “usuarias de drogas” con 344 casos.

Pese a la declaración de inconstitucionalidad del decreto de Iván Duque y según datos suministrados por el Ministerio del Interior, hay más de 505.000 comparendos inconstitucionales en toda Colombia que aún siguen vigentes, convirtiéndose en un obstáculo para la integración a la sociedad de los jóvenes. Fue así como entre el año 2016 que inició el Código de policía y 2019 que se tumbó el decreto de Iván Duque, la fuerza pública utilizo este pretexto para castigar el estallido social que ya estaba creciendo y perseguir, abusar, torturar y extorsionar jóvenes pobres no solo de Bogotá, sino de todo Colombia.

El asesinato del abogado Javier Ordoñez el 9/11, la gota que derramó el vaso.

La mañana del 10 de septiembre de 2020 el país se conmocionó con las imágenes virales de dos policías, aplicando descargas eléctricas sobre el cuerpo de una persona inmovilizada en el suelo por las rodillas de estos dos agentes, pese a los intentos por tergiversar la imagen del crimen y echarle la culpa al muerto, las imágenes pronto se hicieron virales, así como los videos de seguridad del CAI de Villa Luz, el hospital y otros lugares. Esta situación generó, que de manera espontánea, las redes sociales convocaran una jornada de protesta pacífica en los CAIS de la ciudad.

La protesta que empezó pacifica, pronto se salió de control y durante dos días (no importó que estuviéramos en plena pandemia) las calles de Bogotá ardieron con especial sevicia contra los CAIS de la ciudad, especialmente los de los sectores populares, ¿pero y por qué contra las CAIS?. Al superponer la ubicación geográfica de los comparendos desde el año 2016 hasta el 2019, sobre el mapa de la ciudad, encontramos que cerca del 80% de estos comparendos estaban en el entorno de 15 de los 17 CAIS más afectados en las manifestaciones del 10 y 11 de septiembre del año, esto era sin duda una señal.

Días después, la Secretaria de Gobierno de Bogotá, emprendió consultas y mesas de trabajo en los barrios en los entornos de los CAIS, y la principal respuesta de los jóvenes apuntaba a que los CAIS, se habían convertido en lugares de maltrato, tortura y extorsión por parte de la fuerza pública como bien lo recogió la publicación de La Silla Vacía en su articulo “El Odio en el verbenal: “Cuando llegamos, nos obligaron a fumarnos toda la marihuana -recuerda Tin tin- pero yo le dije que no, que cómo nos íbamos a fumar todo eso. Mi amigo respondió peor, con hijue…s. El policía le disparó delante de mí, y el otro policía que estaba con él no hizo nada. A mí me llevaron en la Carenalga (la patrulla) a un CAI y me dieron bolillo hasta que se cansaron. Nunca volví a ver a mi amigo. Los papás de él me preguntaban, pero nunca les dije nada”.

Pese a los intentos del gobierno de Iván Duque por asociar la respuesta violenta a los CASI, a la coordinación de grupos guerrilleros nunca se pudo demostrar esta vinculación, y por el contrario, la evidencia de los datos y los cientos de testimonios que reposan en los informes de la Secretaria de Gobierno de Bogotá, indican que la matriz de este asalto violento a los CAIS tienen como uno de sus principales orígenes los comparendos inconstitucionales que durante varios años se prestaron para el maltrato a los jóvenes, tienen como antecedente y originador de esta crisis de convivencia, violencia y muerte a Iván Duque. Hasta el momento las investigaciones por las 13 muertes de estos dos días, donde están involucrados policías, aun no dan resultado.

Pero al parecer no aprendemos de la experiencia, ahora la policía no se escuda en el decreto inconstitucional de Iván Duque, sino en la Ley 2000 de Rodrigo Lara, los comparendos vienen aumentando de manera sistemática desde el año 2020 y “La conducción” (que es totalmente ilegal por dosis mínima) es decir, llevar las personas al CAI, pasaron de menos de 1.000 en 2020, a más de 5.000 en 2023, cultivando una vez más el terreno para un estallido social violento por parte de los jóvenes en los próximos años.

Hace tan solo unos meses la Corte Constitucional, en sentencia a la Ley 2.000 hizo un llamado a los Consejos Municipales y alcaldes para que regulen el porte y consumo en el espacio público priorizando la protección de los niños, niñas y adolescentes, pero también respetando los derechos y garantías de las personas consumidoras. He aquí una oportunidad de oro para avanzar en diálogos y acuerdos más civilizados que puedan derivar en la mejoría de la convivencia y la relación entre la fuerza pública, la comunidad, los jóvenes y las instituciones. No desaprovechemos esa oportunidad.

*Este articulo es un resumen debido a la coyuntura del decreto 2114 de 2023 que deroga el decreto 1844 de 2018 y hace parte de una investigación para demostrar cómo las políticas prohibicionistas urbanas generan afectaciones a la convivencia, ruptura del orden social y violencia. Las fuentes de los datos son Secretaría de Seguridad de Bogotá, Secretaria de Gobierno de Bogotá, Policía Nacional, Ministerio del Interior.