Resumen Ejecutivo 

La regulación legal de las drogas se mueve rápidamente del dominio teórico al práctico. La regulación es una parte crítica de la reforma de política de drogas si lo que se desea es reducir el mercado ilegal de las drogas y los daños de la prohibición; a pesar de esto, el tema se mantiene como un desafiante elemento del debate público y político. El progreso requiere la participación en asuntos públicos legítimos, alrededor de cómo se va a implementar una regulación y cuáles serán sus impactos, considerando la oposición política y la inercia institucional.

La regulación y administración de productos y comportamientos que son riesgosos, son funciones clave de las autoridades gubernamentales alrededor del mundo. Es una norma en casi todas las áreas legislativas y políticas – excepto cuando se trata de la política de drogas. La regulación aborda la realidad del riesgo de una situación o producto, en nuestras vidas y comunidades, y está a nuestro alrededor en todo momento: regulaciones de seguridad de productos que requieren que colchones sean retardante de llama; regulaciones alimentarias que requieren etiquetas de caducidad del producto; o la regulación de qué vehículos pueden conducirse, su velocidad y las zonas permitidas.

Este informe aborda la realidad de alrededor de 250 millones de personas en el mundo que están tomando riesgos consumiendo drogas actualmente prohibidas1. Aceptar esta realidad y poner en marcha una estrategia efectiva de regulación para manejarla, no implica admitir una derrota ni condonar el uso de drogas. Forma parte de un enfoque responsable e informado en evidencia, que lidia con el mundo por cómo es, y no por motivaciones ideológicas que ultimadamente atentan con crear un “mundo libre de drogas”, de manera contraproducente y dañina.

Este informe identifica cuestiones clave que, con la experiencia de la Comisión, se han convertido en bloques de tropiezo para el progreso del diálogo público sobre la regulación. Al involucrarse directamente en estas preguntas, el informe pretende facilitar y fomentar el debate, y así, acercarlo a una necesaria reforma.

1. Cómo puede una regulación poner las drogas bajo control

La primera sección considera la naturaleza, el alcance e impacto de un abordaje de regulación. Pretende desafiar los malentendidos prevalentes, al dar cuenta coherentemente de lo que la regulación de drogas puede implicar en un contexto del mundo real, acercando teorías regulatorias y prácticas de mercados ya regulados de drogas y otros productos y comportamientos riesgosos. Se incluye un enfoque particular en cómo mitigar los riesgos de la sobre-comercialización, y aprender lecciones de errores del pasado con el alcohol, el tabaco y la prescripción de opioides.

• Las drogas actualmente prohibidas deben ser reguladas. El proceso de regulación legal debe ser cauteloso, gradual e informado en evidencia, guiado en todo momento por los principios de protección y promoción de los derechos humanos, la salud pública, el desarrollo sostenible, la paz y la seguridad. El desarrollo y la implementación de la regulación deberían involucrar a expertos clave de la sociedad civil y a las comunidades más afectadas por los enfoques punitivos, incluidas las personas que usan drogas, los jóvenes y los actores de pequeña escala en el mercado ilegal. Se debe prestar especial atención a las tensiones entre la salud pública y los intereses comerciales. Las lecciones aprendidas de los mercados legales existentes para las sustancias potencialmente riesgosas se deben utilizar para mitigar las amenazas de la sobre comercialización. Cualquier regulación que se implemente debe ir acompañada de monitoreo y evaluación científica multidisciplinaria, para evaluar su efectividad y responder a cualquier impacto negativo imprevistas.
• Quienes formulan las políticas deben buscar evidencia sobre la regulación legal de las drogas y deben abrir procesos participativos locales y nacionales para para determinar las reformas. Líderes políticos, en todos los niveles del gobierno, tienen la responsabilidad de iniciar debates nacionales amplios e inclusivos sobre los principales problemas sociales, incluida la regulación legal responsable de las drogas actualmente ilegales. Los gobiernos nacionales y locales tienen la responsabilidad de recopilar evidencia, analizar y contrastar las dimensiones sociales, económicas y ambientales de la prohibición y la regulación, respectivamente. Luego deben proporcionar esta evidencia a sus electores, abrir procesos participativos nacionales donde se debatan la evidencia y las opciones, y tener en cuenta las recomendaciones de los ciudadanos para avanzar hacia modelos de regulación que sean apropiados para los contextos locales y nacionales.

2. Los retos de implementar una regulación

La segunda sección considera las implicaciones de la transición hacia mercados regulados, particularmente en países en desarrollo, o aquellos con instituciones frágiles. Esta es una dimensión importante pero poco discutida en el debate global – el cual ha sido históricamente dominado por los intereses y puntos de vista de las economías desarrolladas. Esta sección también explora cómo los intereses y bienestar de los millones que actualmente trabajan en la economía ilegal de drogas, pueden ser protegidos y promovidos en un mundo después de la prohibición.

• Los Estados deberían considerar experimentar con la regulación incremental de drogas de menor potencia. Cada país debe identificar las vías de regulación que se adapten a su contexto nacional particular y sus limitaciones en función de sus marcos institucionales, sociales y culturales. Las economías de bajos y medianos ingresos o las instituciones frágiles no deben considerarse obstáculos para explorar la regulación. Al reducir los efectos corrosivos del comercio ilegal, la regulación de los mercados de drogas puede fomentar el desarrollo y crear un espacio para el fortalecimiento de las instituciones.
• Las legislaciones no deben dejar atrás a las personas y las comunidades más afectadas por la prohibición cuando regulan legalmente los mercados de drogas. Se debe dar prioridad, en cualquier transición hacia la producción, el comercio y la distribución regulada de drogas, a los intereses de las personas y comunidades dedicadas a actividades ilegales no violentas debido a la pobreza, la marginación o la falta de oportunidades, y a aquellas personas que fueron más negativamente impactadas por los actuales esfuerzos punitivos de aplicación de la ley sobre drogas.

3. La regulación puede desempoderar al crimen organizado

Ligada al enfoque de las secciones previas en el desarrollo, la Sección 3 pone a consideración los impactos de la regulación en el crimen organizado. Ésta aborda el asunto de otras actividades ilegales, desde una perspectiva que consideraría que, aunque se quitara el mercado de drogas a los grupos criminales por la regulación, éstos simplemente redirigirían sus estrategias hacia otras formas de crimen. ¿Cómo se pueden maximizar las oportunidades que se presentan con una regulación para confrontar al crimen organizado, y cómo se encajarían en agendas de desarrollo sostenible más amplias?

• Los Estados deben maximizar las oportunidades de desarrollo que ofrece la regulación de los mercados de drogas. Esto significa redistribuir los recursos para mitigar los cambios previstos en la actividad del crimen organizado. Los gobiernos deben desplegar mecanismos institucionales contra el lavado de dinero, la corrupción y la delincuencia transnacional, como parte de esfuerzos más amplios para fortalecer el estado de derecho, reformar las prácticas de aplicación de la ley y desarrollar la capacidad institucional. Las organizaciones delictivas ya están activas en otras actividades ilegales además del tráfico de drogas, por lo que no debe exagerarse el posible desplazamiento del crimen organizado relacionado con las drogas a otras formas de criminalidad. La regulación todavía tiene la promesa de socavar sustancialmente el poder y la influencia del crimen organizado, así como de liberar recursos para contrarrestar sus causas profundas y otras formas de criminalidad.

4. Modernizando el sistema internacional de fiscalización de drogas

La última sección considera opciones para modernizar un sistema internacional de fiscalización de estupefacientes anticuado y disfuncional – especialmente los tres tratados de la ONU y las instituciones relacionadas de control que han formalizado el modelo prohibicionista dentro de la política y legislación internacional de los últimos 60 años. Las tensiones entre el deseo de los Estados Miembros de explorar la regulación y su compromiso con los tratados de mantener la prohibición se ha vuelto un asunto importante entre las posiciones cada vez más polarizadas. ¿Cómo cortar este nudo gordiano y trazar un camino hacia un marco de control de drogas más relevante y flexible, que sea realmente adecuado para cumplir con las realidades del mundo moderno?

• Los Estados Miembros de las Naciones Unidas deberían considerar urgentemente las diferentes opciones para modernizar el régimen internacional de fiscalización de drogas a fin de satisfacer las necesidades actuales de todos los partes interesados y afectados en la política de drogas. Los Estados Miembros, la sociedad civil y la comunidad científica deberían iniciar diálogos formales e informales en foros multilaterales clave para trazar un camino hacia las reformas y acercar el mundo a la meta de las convenciones sobre drogas de proteger la “salud y el bienestar de la humanidad”. Para que el marco internacional de fiscalización de drogas sea eficiente, debe alejarse del paradigma represivo actual y reflejar mejor el enfoque emergente en la salud, los derechos humanos y el desarrollo sostenible. Fundamentalmente, las reformas deben introducir la posibilidad de que los Estados miembros regulen las drogas. Hasta que esto ocurra, los Estados Miembros con mentalidad reformista deben considerar opciones que permitan el progreso nacional e internacional en este tema, respetando los principios básicos de la Carta de las Naciones Unidas, conscientes de que el diálogo y la acción colectiva constituyen el enfoque más productivo.
• El Secretario General de las Naciones Unidas debería encabezar la reforma de la gobernanza del régimen internacional de fiscalización de drogas. Dicha reforma debería apuntar a utilizar de manera más efectiva los mecanismos internacionales existentes para proteger los derechos humanos y la salud pública, promover el desarrollo sostenible y abordar eficazmente la corrupción, el lavado de dinero y el crimen organizado.

Informe Completo Aquí: 

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Más sobre la comisión, aquí: http://www.globalcommissionondrugs.org