LA REVOLUCIÓN DE LA EMPATÍA Y EL CUIDADO TERRITORIAL: EL ABC DE LAS ORGANIZACIONES DE BASE COMUNITARIA COMO CORAZÓN DEL SISTEMA DE SALUD

Por: ATS.

El reconocimiento como un logro de trinchera

Durante décadas, la salud en Colombia se ha narrado desde la frialdad de los escritorios, la rigidez de la burocracia y las paredes estériles de los hospitales. Sin embargo, en la periferia profunda de las ciudades, en las veredas donde el Estado nunca fue más que una promesa abstracta y en las esquinas donde el estigma cala hasta los huesos, la salud siempre se ha gestionado de otra manera. Se ha sostenido con ollas comunitarias, con colectivos que acompañan y cuidan comunidades, implementan estrategias de análisis de sustancias, distribuyen jeringas y otros insumos estériles a personas que usan drogas desde el enfoque de de  reducción de riesgos y daños, con redes de parteras afro e indígenas que han arrullado la vida en medio del conflicto, y con defensores de derechos humanos que traducen el lenguaje hostil y distante del sistema para que un abuelo pueda acceder a sus medicamentos.

Este tejido vivo es lo que hoy la normativa denomina Organizaciones de Base Comunitaria (OBC). La expedición de la Resolución 2628 de 2025 del Ministerio de Salud y Protección Social no es, simplemente, un acto de benevolencia gubernamental o un regalo administrativo. Es, por el contrario, un logro de trinchera, la institucionalización de una trayectoria de incidencia construida desde los territorios. Es el resultado de miles de líderes, activistas y defensores que durante años marcharon, resistieron la persecución, fueron señalados y, aún así, demostraron que su modelo de cuidado no solo era necesario, sino más humano e indispensable para llegar allí donde el sistema formal de salud no lograba hacerlo. Esta resolución es el complemento clave de la Resolución 2.100 de 2025 que creó “la Política integral para la prevención, la reducción de riesgos y daños y la atención del consumo de sustancias psicoactivas, lícitas e ilícitas y el Sistema Nacional de Atención al consumo de sustancias psicoactivas”

Este artículo analiza en profundidad qué significa este hito normativo y político, de dónde vienen las OBC, cuáles son sus alcances y cómo deben organizarse para asegurar que este logro no sea cooptado por las lógicas del clientelismo, captura institucional y corrupción que históricamente han limitado el desarrollo de múltiples políticas públicas en los territorios.

 

Empecemos por el marco de política pública. 

La resolución 2100 de 2025 que crea La Política Nacional de Prevención, Reducción de Daños y Atención del consumo de Sustancias Psicoactivas.  

La transformación del paradigma de atención en salud en Colombia encuentra su correlato técnico y político más avanzado en la formulación de la Resolución 2100 de 2025, mediante la cual el Ministerio de Salud y Protección Social adopta la «Política integral para la prevención, la reducción de riesgos y daños y la atención del consumo de sustancias psicoactivas, lícitas e ilícitas». Este marco normativo y operativo no surge del vacío, sino que deroga la vieja Resolución 089 de 2019 para alinearse de manera directa con los mandatos de la Ley 2294 de 2023 (Plan Nacional de Desarrollo “Colombia Potencia Mundial de la Vida”), la Política Nacional de Drogas, Sembrando Vida Desterramos el Narcotráfico 2023 – 2033 y con las directrices internacionales de derechos humanos. La política opera bajo la premisa de superar de forma definitiva el modelo binario de prohibición, castigo y estigma, reconociendo en su lugar que el uso de sustancias es un fenómeno dinámico situado a lo largo de un espectro continuo de trayectorias (experimental, recreativo, ritual o problemático), donde intervienen variables biológicas, contextuales y determinantes comerciales que configuran los entornos de vulnerabilidad.

El diagnóstico situacional que soporta esta política evidencia una realidad epidemiológica compleja que exige respuestas locales urgentes: mientras el consumo de tabaco y alcohol tradicional muestra descensos estadísticos, se asiste a una alarmante normalización y auge en el uso de cigarrillos electrónicos o vaporizadores en población escolar y universitaria. Por su parte, las sustancias ilícitas —lideradas por la marihuana y el tusi— continúan arrojando altas tasas de abuso y dependencia, concentradas desproporcionadamente en los estratos socioeconómicos bajos y periféricos debido a inequidades materiales y barreras de acceso estructurales. 

Frente a esta fragmentación y desatención histórica, la resolución operacionaliza el Sistema Nacional de Atención al Consumo de Sustancias Psicoactivas como una arquitectura de articulación institucional entre las Entidades Territoriales, EPS, IPS y Organización de Base Comunitaria (OBC) bajo la estrategia de la Atención Primaria en Salud (APS). Operativamente, la política exige a los entes territoriales la adaptación obligatoria de planes locales en un plazo de seis meses y la creación de redes de Dispositivos de Bajo Umbral (DBU), tales como los Centros de Atención Móvil para Drogodependientes (CAMAD), los Equipos Básicos de Salud (EBS) y puntos de consumo de menor riesgo. De manera complementaria, las EPS deberán  implementar estrategias de navegación en salud mediante gestores de caso que realicen la búsqueda activa y el acompañamiento longitudinal de los usuarios, garantizando una transición fluida hacia tratamientos ambulatorios integrados formalmente a la Red Nacional de Salud Mental.

Finalmente, el eje de reducción de riesgos y daños de la política se consolida bajo un enfoque de “espectro completo”, reconociendo un continuo de intervenciones que van desde el análisis de sustancias y la provisión de material higiénico de inyección, hasta el tratamiento de sustitución con metadona y la distribución comunitaria de naloxona para revertir sobredosis. Al amparo del Artículo 12 de esta resolución, el financiamiento de estas estrategias cuenta con un esquema multi-fuente blindado por recursos de la ADRES, el Presupuesto General de la Nación, el SGP y fondos del FRISCO. No obstante, el mandato más progresista e innovador de la norma radica en la facultad expresa otorgada a los entes territoriales y aseguradores para contratar directamente la implementación de estas acciones con organizaciones de base comunitaria sin ánimo de lucro. Con ello, la resolución reconoce que la respuesta al consumo de sustancias no puede descansar exclusivamente en las instituciones sanitarias tradicionales, sino también en las capacidades instaladas de las organizaciones comunitarias, cuyo conocimiento del territorio, legitimidad social y vínculos de confianza constituyen activos esenciales para garantizar el acceso efectivo, reducir el estigma y fortalecer la respuesta en salud pública.

 

¿De dónde vienen y qué son las organizaciones de base comunitaria con enfoque en salud pública?

Para entender a las OBC es necesario hacer sociología de la resistencia. Las organizaciones de la sociedad civil constituidas de manera autónoma, voluntaria y sin ánimo de lucro no nacen en laboratorios académicos; emergen de las crisis de desatención del propio sistema sanitario. En Colombia, su genealogía está íntimamente ligada a las respuestas comunitarias frente a la epidemia del VIH en los años noventa, a los saberes ancestrales de los pueblos étnicos y, de manera muy potente en las últimas dos décadas, a los movimientos de reducción de riesgos y daños asociados al consumo de sustancias psicoactivas.

Mientras el sistema formal respondía con encierro, criminalización o simple abandono, los colectivos de base territorial —armados de empatía y conocimiento empírico— crearon espacios de escucha, distribuyeron información sin juzgar y tejieron redes de afecto. Las OBC son, en esencia, estructuras integradas por líderes y lideresas, activistas y actores sociales con una altísima trayectoria y un reconocimiento indiscutible en sus territorios.

El abecé de la resolución 2628 de 2025, las define formalmente como actores fundamentales para la participación social, la acción colectiva y el fortalecimiento de la Atención Primaria en Salud (APS). Su rol no es sustituir las funciones médicas de las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS) o de las Empresas Sociales del Estado (ESE), sino operar bajo principios de complementariedad y concurrencia, expandiendo los límites físicos y morales de la atención en salud.

 

El poder de la innovación social y la empatía territorial

¿Por qué una organización comunitaria logra que un usuario habitante de calle se adhiera a un tratamiento contra la tuberculosis cuando un hospital de alta complejidad fracasa? La respuesta no está en la tecnología médica, sino en dos categorías que las OBC han elevado al rango de ciencia social: la empatía radical y el cuidado territorial.

1. El Cuidado Territorial: La Salud donde la Vida Sucede: Las IPS tradicionales han operado históricamente bajo una lógica predominantemente reactiva : el paciente debe enfermarse, romper sus propias barreras económicas y de transporte, y acudir al centro médico a pedir atención. El cuidado territorial plantea un cambio de paradigma. Las OBC no esperan a que las personas lleguen al sistema; desarrollan su trabajo allí donde transcurre la vida cotidiana, incluso antes de que aparezca la enfermedad, ya que las lógicas de la cuadra, las dinámicas ambientales del barrio y los temores de la población. Su cercanía e intimidad con el territorio les permite construir relaciones de confianza legítimas, difícilmente alcanzable mediante intervenciones institucionales de carácter transitorio, como suele suceder con programas institucionales lejanos y de corta duración. 
2. La Empatía Radical como Herramienta Técnica: En el sector salud, la empatía suele ser vista como un accesorio ético secundario. Para las OBC, la empatía es una herramienta técnica de relacionamiento territorial. En contextos de alta vulnerabilidad, consumo de sustancias, trabajo sexual o identidades diversas, el estigma y la discriminación actúan como las barreras de acceso más letales. Las OBC han diseñado metodologías de atención basadas en el reconocimiento de la dignidad del otro, el lenguaje horizontal y la ausencia de juicio moral. Es allí, en esa interacción libre de prejuicios, donde emerge la verdadera adherencia y el cuidado integral.
3. La Innovación Social desde las comunidades: La principal innovación de las OBC no consiste en la incorporación de  tecnologías  costosas, sino en su capacidad para diseñar respuestas integrales, adaptativas, pragmáticas, participativas y basadas en evidencia que emergen de las necesidades reales de las comunidades,así graviten dentro de vacíos regulatorios y tengan que convivir con una alta exposición a riesgos por situarse en los  mismos contextos donde se producen manifestaciones  del delito -como ocurre con modelos de salud comunitaria en los contextos de distribución de drogas-. Ejemplo de esto son las Salas de Consumo Supervisado, las Zonas de Orientación, los Centros de Escucha, las estrategias de búsqueda activa y navegación comunitaria para la vinculación y permanencia en  tratamientos, las pruebas rápidas de VIH, hepatitis virales y sífilis en escenarios no clínicos,  y la articulación de tecnologías de testeo rápido en contextos de ocio(como festivales de música o zonas de tolerancia). Estas experiencias demuestran que la innovación en salud pública se da de forma descentralizada y que el conocimiento no es monopolio de las élites, sino un patrimonio colectivo que se refina en la práctica diaria del cuidado mutuo. Es la deslocalización del aparato científico supera los muros y paredes de los  hospitales para ser llevados a las comunidades donde conviven quienes más barreras de acceso y permanencia tienen a una salud digna. 

 

Las organizaciones de base comunitaria aportan la evidencia para los lineamientos y el cambio en el modelo de salud. 

Estrategias que hoy salvan vidas cotidianamente —como las Zonas de Orientación y los centros de escucha, los servicios de análisis de sustancias en festivales, la entrega de material higiénico de inyección para personas que se inyectan drogas, la distribución comunitaria de naloxona para revertir sobredosis y las salas de consumo supervisado— nacieron como respuestas necesarias, autónomas y profundamente políticas de las organizaciones de base comunitaria. Todos estos lineamientos que hoy existen nacieron de recoger la evidencia de lo comunitario. Estos colectivos, movilizados por la urgencia de resolver problemas prácticos allí donde el Estado solo ofrecía silencio o persecución, crearon metodologías populares de cuidado integral que, años más tarde, la institucionalidad terminó por reconocer, validar e incorporar en decretos, guías, resoluciones, leyes, circulares, normativas nacionales de salud mental y reducción de daños. Las principales innovaciones sociales en salud pública comunitaria vienen de abajo, de las organizaciones, y en el caso de drogas, muchas veces de las personas consumidoras que han tenido que tumbar el muro de la segregación, el estigma y el señalamiento para hacer oír  sus ideas y puntos de vista de atención del sistema. 

Sin embargo, el tránsito de estas innovaciones sociales desde la autogestión comunitaria hacia el marco normativo del Ministerio de Salud y Protección Social plantea un desafío fundamental. Existe el riesgo de que los lineamientos institucionales, los estándares de habilitación y los manuales de operación y usuario sean diseñados desde modelos concebidos para la prestación tradicional de los servicios de salud, con lógicas salubristas e hiper-reguladoras que asfixien la naturaleza flexible, territorial y viva de lo comunitario. Al imponer una sobrecarga de requisitos legales, administrativos y técnicos equivalentes a los exigidos a una IPS tradicional, el sistema termina limitando precisamente aquellas capacidades comunitarias que busca fortalecer burocratizando así el trabajo desde la la trinchera. Exigir pólizas, estructuras administrativas complejas, estados financieros bajo estándares especializados o infraestructuras clínicas a organizaciones que históricamente han construido confianza y capacidad de respuesta desde los territorios puede convertirse, en la práctica, en un mecanismo de exclusión y prohibición indirecta que dificulta la participación de actores comunitarios legítimos en un sistema cuya evolución ha sido impulsada, en buena medida, por las experiencias e innovaciones desarrolladas por estas mismas organizaciones.

Esta asfixia normativa produce un efecto adverso previsible en la sociología de los territorios: cuando los requisitos institucionales se vuelven absurdos, impracticables e incompatibles con la supervivencia diaria, las comunidades optan legítimamente por no cumplirlos. La rigidez de un burócrata sin empatía no detiene el consumo de sustancias, ni frena los partos en las veredas dispersas, ni evita las sobredosis en las esquinas. Lo único que logra la hiper-regulación es empujar nuevamente estas estrategias de cuidado a la clandestinidad de la ilegalidad, rompiendo los puentes de articulación y concurrencia que la ley pretende tejer. Para que la formalización de las OBC sea un éxito y no un funeral de la participación social, el Estado debe entender que sus lineamientos deben ser herramientas de fomento, financiación y protección, y no camisas de fuerza que terminan restringiendo  lo que deberían fortalecer.

 

¿De qué van a vivir las OBC y qué actividades pueden cobrarle legítimamente al sistema?

El ABC desglosa un portafolio amplísimo que dignifica la labor comunitaria. 

Servicios y Actividades Permitidas

Las OBC autorizadas pueden desplegar acciones comunitarias en las siguientes líneas de trabajo:

• Línea Educativa y Caracterización: información y educación para la salud, demanda inducida a servicios médicos y caracterizaciones socioambientales de las comunidades.
• Línea de Enlace y Navegación: acompañamiento directo para el acceso al sistema, afiliaciones, agendamiento de citas, notificación asistida de ITS y estrategias comunitarias para mejorar la adherencia a tratamientos y evitar la pérdida de seguimiento en usuarios crónicos.
• Línea de Reducción de Riesgos y Daños: establecimiento de Zonas de Orientación y Centros de Escucha, acciones comunitarias en salud mental, prevención de violencias basadas en género y rehabilitación basada en comunidad.

Alerta Técnica Importante: Actividades de Concurrencia Avanzada

El manual estipula que existen cuatro actividades de alta sensibilidad que las organizaciones sí pueden ejecutar, identificadas en el aplicativo con un doble asterisco (**): la realización de pruebas rápidas, la administración de instrumentos de tamizaje, las pruebas en puntos de atención al paciente (POCT) y las acciones específicas de reducción de riesgos con usuarios de sustancias psicoactivas. Para que estas acciones sean autorizadas, la OBC tiene la obligación estricta de adjuntar certificados, diplomas o constancias que acrediten que su personal comunitario ha sido previamente capacitado y entrenado bajo los lineamientos del Ministerio.

 

La Ruta del Dinero: ¿De dónde salen los recursos?

Históricamente, las organizaciones comunitarias han sobrevivido gracias a la cooperación internacional o al voluntariado extremo que raya en la precarización de los líderes. La Resolución 2628 de 2025 cambia las reglas de juego al habilitar cuatro fuentes de financiamiento estatales y estables:

1. Recursos del Plan de Intervenciones Colectivas (PIC): Contratos de salud pública territorial que antes eran entregados de forma monopólica a hospitales o fundaciones políticas de papel.
2. Recursos del Plan de Beneficios en Salud (PBS): Dinero destinado a financiar estrategias comunitarias que impacten directamente el cuidado integral y la continuidad de tratamientos de los afiliados.
3. Recursos de Inversión Territorial: Presupuestos propios de gobernaciones, alcaldías y distritos orientados al desarrollo social y la participación ciudadana en salud.
4. Otras fuentes de gestión: Cooperación internacional, convenios público-privados y alianzas interinstitucionales.

Mecanismos de Contratación

El dinero llegará a las organizaciones mediante la celebración de acuerdos de voluntades. Las OBC autorizadas y registradas oficialmente ante el Ministerio están facultadas legalmente para contratar de manera directa con Entidades Responsables de Pago (ERP/EPS), Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS) y Empresas Sociales del Estado (ESE). A través de estos acuerdos, las OBC se articulan progresivamente a las Redes Integrales e Integradas de Salud bajo el liderazgo técnico de la entidad territorial de su jurisdicción.

 

El desafío ético: blindar el dinero territorial frente a la cooptación política

El reconocimiento formal de las OBC abre una oportunidad histórica, pero también un escenario de inmenso riesgo ético. Al habilitar fuentes de financiación públicas estables como el PIC y el PBS para ser ejecutadas por organizaciones de base, los fondos destinados a la salud comunitaria se vuelven un botín sumamente atractivo para las maquinarias políticas regionales, los funcionarios corruptos y las redes clientelares que tradicionalmente han desangrado los recursos públicos del país. Este marco normativo fue diseñado para que el dinero quede en manos de las organizaciones que siempre han estado en el territorio, no para pagar favores políticos ni financiar campañas electorales.

1. El Peligro de las “OBC de Papel”: Uno de los fenómenos más comunes en la contratación pública colombiana es la creación exprés de corporaciones y fundaciones de fachada, diseñadas en oficinas de políticos locales y funcionarios corruptos para quedarse con las licitaciones públicas. El riguroso proceso de demostración de capacidad técnica, comunitaria y operativa —que exige soportes de experiencia de hasta 10 años y evidencias reales de impacto en la comunidad— debe ser utilizado por las Entidades Territoriales de Salud como un filtro ético infranqueable, y no como una simple lista de chequeo burocrático. Las organizaciones legítimas y la ciudadanía deben ejercer un control social activo para denunciar la aparición de falsas OBC.
2. La Vigilancia Contra la Burocracia Sin Empatía: La Superintendencia Nacional de Salud y las entidades territoriales tienen la función legal de vigilar el cumplimiento de esta resolución. Sin embargo, la mayor vigilancia debe ser de carácter ético. Si el proceso de evaluación y asignación de contratos queda supeditado al capricho de funcionarios sin empatía, intermediarios políticos o lógicas de “peaje” corrupto, se destruirá la esencia misma de la reforma. El dinero público debe traducirse directamente en jeringas para reducción de daños, insumos para tamizajes, viáticos para los promotores de salud que caminan las veredas y fortalecimiento de los espacios comunitarios de escucha.
3. Hacia una Soberanía Comunitaria Transparente: Las OBC legítimas deben asumir este logro con una responsabilidad administrativa impecable. Mantener los estados financieros bajo normas NIIF actualizados, documentar con rigor metodológico su capacidad operativa y blindar sus asambleas de la intromisión de partidos políticos son los mejores mecanismos de defensa para proteger su autonomía territorial. La transparencia no es una exigencia colonial del Estado; es el escudo ético de las comunidades para demostrar que la gestión popular de los recursos es sumamente más pulcra y efectiva que la gestión tradicional.

La legalización e inscripción de las Organizaciones de Base Comunitaria no es un trámite administrativo más; es la refundación democrática del sistema de salud en Colombia. Estamos presenciando el tránsito de un sistema puramente biomédico, mercantilizado y hospitalocéntrico, hacia un ecosistema de salud preventivo, intercultural, empático y profundamente arraigado en la realidad de la gente. El ABC de las OBC es claro: vienen de la resistencia, se sostienen en la confianza territorial, operan con el rigor de la experiencia acumulada y ahora cuentan con las herramientas institucionales para exigir que los recursos públicos lleguen directamente a las manos de quienes sostienen la vida en los territorios. Blindar este proceso de la corrupción, simplificar los accesos virtuales para las comunidades rurales y mantener viva la llama de la empatía radical son las tareas urgentes para que este logro histórico de los movimientos sociales se convierta en el pilar de un país más justo, digno y saludable. 

 

ANEXO. 

Condiciones mínimas, ruta crítica y paso a paso para el registro

Para blindar este logro histórico y evitar que la informalidad sea la excusa del sistema para seguir excluyendo a las comunidades, el Ministerio de Salud estructuró un proceso de autorización formal que está detallado de forma muy rigurosa en el Manual del Usuario para el registro de las OBC. El registro es virtual y completamente gratuito.

Requisitos previos y condiciones mínimas

Antes de iniciar el trámite virtual, toda OBC debe certificar su estructura organizativa básica:

1. Identificación Tributaria: Contar con NIT y RUT actualizado.
2. Soporte de Existencia: Certificado de existencia y representación legal vigente.
3. Reconocimiento Legal: Acto administrativo de reconocimiento de personería jurídica o equivalente.
4. Representación: Documento de identidad del representante legal y datos de contacto institucional (teléfono y correo activo).
5. Archivos Listos: Todos los soportes documentales deben estar digitalizados en formato PDF, con un tamaño máximo de 10 MB por archivo.

El Paso a Paso en el aplicativo virtual

De acuerdo con las directrices del manual, la ruta tecnológica consta de seis etapas principales:

• Acceso Regionalizado: El ingreso se realiza a través del enlace oficial del aplicativo en la plataforma Survey123 de ArcGIS. El sistema exige el uso estricto de usuarios asignados por regiones para organizar el flujo (por ejemplo, el usuario OBC_Registro_4 para la región Central que incluye Cundinamarca, o el OBC_Registro_9 para Bogotá D.C.).
• Consentimiento y Datos Básicos (Pasos 1 y 2): Es obligatorio aceptar el tratamiento de datos personales bajo la Ley 1581 de 2012. Posteriormente se digitan los datos generales, CIIU, datos del representante legal y la ubicación geográfica exacta con coordenadas derivadas del mapa del aplicativo.
• Cobertura y Caracterización de Perfiles (Paso 3): Se delimita el territorio de operación. Nota política fundamental: Si la organización opera en un Distrito Especial (como Cali, Buenaventura, Cartagena, Santa Marta, Barranquilla o Bogotá), debe seleccionar el nombre del distrito tanto en el campo “Departamento” como en “Municipio” para asegurar que la revisión quede a cargo de la autoridad distrital competente y no de la gobernación. En este paso también se cuantifican los perfiles de la organización: promotores, parteras, sabedores, líderes, gestores comunitarios, profesionales sociales y voluntarios.
• Acreditación de Capacidades (Pasos 4 y 5):
  • Capacidad Legal y Administrativa: Carga de personería jurídica, organigrama, marco estratégico (misión/visión), estados financieros bajo normas NIIF y el documento de caracterización territorial que demuestre dónde se despliegan sus acciones.
  • Capacidad Técnica, Comunitaria y Operativa: Carga del portafolio de acciones, soportes de experiencia en proyectos comunitarios (contratos, convenios o certificados de voluntariado con un máximo de 10 años de antigüedad) y las evidencias de impacto social y poder de convocatoria (actas, fotos, métricas de redes o cartas de reconocimiento de aliados).
• Revisión y Generación de Radicado (Paso 6): El sistema genera automáticamente un número de radicación único con el formato OBC-AAAAMMDD-XXX. Se debe confirmar que la ubicación está dentro del país y hacer clic en “Enviar”. El sistema remitirá de forma inmediata una copia del radicado al correo de correspondencia registrado.

Tiempos de evaluación y decisión

Una vez enviado el formulario, la Entidad Territorial de Salud (ETS) asume la responsabilidad del trámite bajo el siguiente cronograma estricto:

1. Evaluación inicial: La ETS tiene un plazo de 30 días hábiles para revisar y validar los documentos.
2. Subsanación: Si se detectan inconsistencias o soportes ilegibles, la ETS cambiará el estado a “Con devolución”. La OBC tendrá 30 días hábiles para ingresar al módulo de edición, corregir las observaciones y reenviar.
3. Decisión final: Una vez verificado el cumplimiento total de capacidades, la ETS cuenta con 20 días hábiles para expedir el acto administrativo de autorización formal. Esta credencial oficial otorga a la OBC una vigencia de tres (3) años para operar de manera articulada en el sistema.

Aquí está el link para ampliar la información e inscribirse.