El alcalde Carlos Fernando Galán, sus secretarios y concejales traicionaron los ideales del nuevo liberalismo que en campaña prometían una agenda de gobierno innovadora y progresista frente a las SPA, pero una vez llegaron al poder, se han convertido en la administración más conservadora y prohibicionista de los últimos 15 años de la capital. Aquí le contamos por qué, en las 8 acciones del prohibicionismo de Galán.
Bogotá perdió el liderazgo nacional y latinomericano en innovación y diálogo sobre abordajes de las SPA.
Bogotá se venía destacando por una respuesta a la vanguardia desde que, en 2011, el Decreto 069 dio vida a la Política Pública de Prevención y Atención del Consumo y la Prevención de la Vinculación a la Oferta de Sustancias Psicoactivas en Bogotá, D.C. Desde entonces, y como pionera en Latinoamérica, la capital empezó a marcar el ritmo de la conversación a nivel nacional y regional, como lo demuestra la realización de la IV Conferencia Latinoamericana Sobre Política de Drogas en 2012.
Otras apuestas destacadas fueron llevar servicios de atención en salud a personas consumidoras en calle, como el CAMAD, reconocido por el BID como un proyecto innovador en Latinoamérica; implementar servicios de reducción de daños como el acceso a material higiénico de inyección ; y ofrecer los servicios de análisis de sustancias en festivales públicos.
En los últimos 15 años la ciudad se caracterizó por avanzar hacia la extensión horaria, la implementación del Sello Seguro y las zonas de rumba segura para el consumo de alcohol en la capital, con un diálogo constante entre la industria, el comercio y los habitantes de estas zonas. La Secretaria de Educación de la ciudad creó la guia “Cambiando el foco” para la prevención del consumo de SPA en más de 800 colegios públicos de Bogotá. En el IDIPRON se incluyó un componente de mitigación y reducción de daños, con trabajo de pares comunitarios enfocado en adolescentes y jóvenes.
También se abrió espacio de participación a las personas consumidoras, especialmente la comunidad cannábica de Bogotá, con la realización del evento público más grande de la cultura cannábica en Colombia, “Cannabis al Parque”, y el acompañamiento en la apertura de la primera sala de consumo supervisado de Suramérica.
Así, Bogotá traía una tradición consolidada de iniciativas y medidas, en algunos casos innovadoras, y en otros, demostraron comprensión frente al fenómeno de sustancias psicoactivas como parte fundamental de la agenda pública. Independientemente de si la alcalde era Clara López —quien firmó la política de drogas—, Gustavo Petro —que creó el modelo CAMAD—, Enrique Peñalosa —que se inventó el Sello Seguro— o Claudia López —que impulsó a la comunidad cannábica—, cada gobierno dejó su marca, situando a la ciudad a la vanguardia de la conversación en América Latina y el mundo.
A Carlos Fernando Galán, su frase de “construir sobre lo construido” sólo le sirvió para seguir con el Metro, pero en política de drogas acabó con 15 años de trabajo que habían logrado navegar las diferencias políticas para dejar huella. Contra todos los pronósticos, Galán —quien se presentó como representante del Nuevo Liberalismo— terminó adoptando la postura más conservadora y prohibicionista en esta materia. No tendrá un solo hito de originalidad y, por el contrario su marca es castigar, enfermar y perseguir, provocando un retroceso de más de quince años y yendo en contra de la tendencia mundial hacia un cambio de paradigma en el abordaje de las sustancias psicoactivas, tanto legales como ilegales.
Aquí le contamos por qué:
Traicionó los principios del nuevo liberalismo y está incumpliendo sus promesas de campaña y las obligaciones del Plan de Desarrollo.
Uno de los primeros logros del Nuevo Liberalismo, el partido que llevó a Carlos Fernando Galán a la alcaldía de Bogotá, fue la regulación del cannabis con fines medicinales en el año 2017, impulsada por Juan Manuel Galán, líder del partido y hermano del actual alcalde. Con este antecedente progresista, Carlos Fernando Galán quiso proyectar en campaña una imagen innovadora que nunca se vio reflejada en el Plan de Gobierno , cuyo enfoque en materia de drogas se concentró en “investigación criminal y judicialización”, “consumos problemáticos” y “migrantes y vida en calle”.
Lo mismo ocurrió con uno de los concejales del partido de gobierno, quien durante la administración de Claudia López se presentó como defensor de la reducción de daños, del cannabis, de la industria, los pacientes y de las personas usuarias, pero que desapareció del debate sobre el tema en la alcaldía de Carlos Fernando Galán, dándole la espalda al movimiento cannábico en Bogotá —al que buscó en campaña para conseguir votos—, generando una vez más desencanto frente a la política y las promesas incumplidas, algo que el activismo cannábico no le perdona en la ciudad.
Esta traición política e ideológica del alcalde se materializó no sólo en la ausencia de propuestas técnicamente sustentadas en el Plan de Desarrollo, sino también en la oposición categórica de la Secretaría de Salud y la Secretaría de Seguridad a que las propuestas de cambio en materia de política de drogas quedarán incluidas en el documento.
A pesar de la resistencia, liderada por la Secretaría de Salud, la Secretaría de Seguridad y la Secretaría de Gobierno, un grupo de concejales logró incluir en el Plan de Desarrollo “Bogotá Camina Segura” aspectos fundamentales como:
- Formulación y puesta en marcha de una política distrital de sustancias psicoactivas con enfoque de prevención y reducción de riesgos y daños.
- La optimización de trámites para espectáculos públicos que incluyan prevención y mitigación de riesgos y daños, así como el #MinimoVitaldeAgua en puntos de hidratación gratuitos.
- El fomento a la investigación relacionada con el riesgo químico de sustancias, entre otros.
Sin embargo, la poca o nula implementación de estos puntos es lo que hoy nos lleva a cuestionar la falta de voluntad de esta Alcaldía para abordar la política de drogas desde la evidencia, la salud pública y los derechos humanos.
Es así como observamos que el gobierno de Carlos Fernando Galán no solo traicionó los principios y posiciones políticas del Nuevo Liberalismo relacionados con libertades individuales, reforma de política de drogas y la regulación de mercados, sino que, además, en su Plan de Desarrollo puso el énfasis en la criminalización, el retroceso en los enfoques de participación, salud pública, derechos humanos, así como la persecución del consumo por la vía de la judicialización. A esto se suma su oposición y el incumplimiento de las obligaciones del propio Plan de Desarrollo en materia de política de drogas, mínimo vital de agua, reducción de daños y estudios de riesgo químico , que hasta la fecha —casi a la mitad de su mandato— no han iniciado.
En conclusión, su gestión atenta contra los derechos humanos y la salud pública de las personas usuarias de drogas en la capital, además de demostrar un desinterés e invisibilización de sus necesidades por parte de todas las estructuras de su administración.
Castigar con comparendos es la principal estrategia en política de drogas, promoviendo abusos y corrupción, mientras se incuban las condiciones para un nuevo estallido social y se evidencia ignorancia y falta de interés en el tema.
En la Oficina de Diálogo Social de la Secretaría de Gobierno de Bogotá reposan las actas de las mesas de conversación con jóvenes y diversas comunidades, posteriores al estallido social del 9 y 10 de septiembre del año 2020. Estas reuniones, derivadas del asesinato de Javier Ordoñez a manos de la Policia, recogen cómo la ciudadanía exigió justicia de forma violenta. En dichas actas consta que una de las principales causas de la arremetida de los jóvenes contra los CAI de la ciudad fue que estos lugares se habían convertido en centros de persecuciones, abusos, torturas, extorsiones y desapariciones cometidas por agentes de policía, asociadas a las sanciones por el porte y consumo de sustancias psicoactivas.
Estos testimonios coinciden con el mapa de calor de la Secretaría de Seguridad de Bogotá, que ubica el mayor número de comparendos por porte y consumo de sustancias psicoactivas alrededor de los CAI más afectados de la ciudad —en su mayoría situados en sectores populares y vulnerables—, hecho documentado en la investigación “Cómo el decreto de Ivan duque y sus comparendos, afectaron la convivencia y promovieron la violencia urbana”. Así mismo, el estudio de Temblores “Bolillo, Dios y Patria” indicó, con datos de la misma Policía Nacional, que entre 2017 y 2019 las personas usuarias de drogas fueron el grupo más afectado por hechos de violencia física cometidos por la institución, con 3.214 casos, duplicando el segundo grupo más agredido —personas negras, palenqueras y raizales—que registraron 1.492 casos.
Como lo indicamos anteriormente, las principales referencias a las SPA en el Plan de Desarrollo Bogotá Camina Segura están relacionadas con “investigación criminal y judicialización”, “consumos problemáticos” y “migrantes y vida en calle” poniendo el énfasis en la penalización y el castigo. Según datos suministrados por la Secretaría de Seguridad, en Bogotá se han impuesto 44.505 comparendos por porte y consumo de sustancias entre el 1 de enero de 2024 y 31 de mayo de 2025. El 58% de los comparendos se concentran en cinco localidades: Chapinero (6.392), Suba (5.258), Kennedy (2.552), Bosa (4.583) y Tunjuelito (3.352), focalizándose nuevamente en sectores populares y en jóvenes altamente vulnerables.
Se estima que el pago de esta sanciones no supera el 15%, lo que deja a miles de jóvenes bloqueados para acceder a oportunidades como becas y empleos, impidiendo el ascenso social, así como su vida crediticia y laboral, y empujando a muchos a quedar a merced del delito y las bandas criminales para su subsistencia.
Cada semana, la Secretaría de Seguridad y la Policía montan un espectáculo mediático en el que el secretario, con voz recia de “padre regañón” anuncia “la desarticulación de la banda criminal de microtráfico más peligrosa” de un barrio de la ciudad, como si esta acción redujera el consumo o la criminalidad. Sin embargo, la realidad es que estas intervenciones suelen desatar guerras entre traficantes por el control del vacío que deja la fuerza pública al eliminar a la competencia. ¡La prohibición es dañina hasta cuando funciona!
Así, el énfasis en la criminalización, el castigo y la sanción en materia de política de drogas en Bogotá refuerza el estigma, que recae nuevamente sobre sectores específicos, entre ellos los jóvenes pobres, migrantes y población vulnerable, incubando las condiciones para un nuevo estallido social y bloqueando el ascenso social en las localidades más empobrecidas.
La patologización del consumo, el estigma, la ausencia de respuestas efectivas y el enfoque en la abstinencia son las líneas predominantes desde la Secretaría de Salud, lo que ha hecho retroceder a la ciudad más de 20 años, sin entregar evidencia o la efectividad de sus acciones.
Pese a que la Secretaría de Salud reconoce que “la mayoría de los consumidores —el 78,1 % en 2022 y el 86,8 % en 2019— no presentaron transtorno por uso de sustancias (TUS)”, la mayoría de sus intervenciones se han enfocado a tratar a las personas consumidoras como enfermas o a priorizar la atención en casos de consumo problemático. Un ejemplo de ello es la apertura de un centro de tratamiento de adicciones del distrito , que se enfoca en atender las consecuencias en lugar de prevenir o mitigar los riesgos y daños asociados.
En la respuesta a un reciente derecho de petición, la Secretaría de Salud presentó una extensa retórica sobre los enfoques de intervención en materia de consumo, reproduciendo apartes de decretos y resoluciones, y destacando grandes presupuestos integrales (pero no específicos en temas de drogas) para inversión social en salud. También enumeró planes de implementar la nueva política de drogas. Sin embargo, no aportó evidencia concreta de sus actuaciones ni del impacto de los mandatos establecidos en el Plan de Desarrollo Bogotá Camina Segura, como la formulación e implementación de la nueva política de drogas, los estudios sobre riesgo químico de las sustancias y su impacto, la reducción de daños de daños para consumos no problemáticos, o la participación real, incidente y efectiva de las personas consumidoras. Tampoco ha mostrado, hasta la fecha, una campaña masiva de alto impacto social para la prevención y/o reducción de daños en el consumo de sustancias psicoactivas, más allá de unos mensajes anticuados, descoloridos y con escasa visibilidad en redes sociales.
Aunque la Secretaría de Salud afirma haber invertido más de 1.100 millones pesos en 2024 y proyecta destinar cerca de 750 millones hasta junio de 2025 al programa SPAcios de Bienestar -una cifra irrisoria para el problema de consumo en la capital-, no presenta evidencia sobre las actividades en las 20 localidades, ni sobre los resultados obtenidos en la prevención del consumo de alcohol, nicotina o sustancias ilegales. Tampoco demuestra reducción en las tasas de consumo o en los impactos negativos asociados. Un saludo a la bandera!
Y ni qué decir de las acciones en salud mental dirigidas a personas que usan drogas. El enfoque prohibicionista, anticuado y carente de evidencia que la administración aplica en materia de drogas es determinante, ya que ni siquiera contempla una relación diferente ni un abordaje integral de la salud mental que reconozca la necesidad de intervenciones colectivas y territoriales como estrategia educativa frente al consumo. Tampoco promueve acciones diferenciales de reducción de riesgos y daños, acompañamiento psicosocial, ni mucho menos un enfoque respetuoso de las libertades y los derechos humanos para la superación del consumo.
La Secretaría de Salud recurre a una retórica tecnócrata para disfrazar su incapacidad de innovar, al tiempo que decide retroceder en las formas de abordar el consumo, sin mostrar evidencia ni resultados concretos de lo que afirma estar haciendo.
En este panorama, la ausencia de respuesta no es sólo una carencia, sino que se configura como una estrategia implícita de abordaje al consumo de sustancias psicoactivas. Esta inacción sistemática, disfrazada de prudencia o de supuestas limitaciones operativas, consolida un escenario en el que no se generan políticas públicas efectivas, no se fortalecen las capacidades institucionales y no se establecen rutas claras para prevenir, fortalecer procesos comunitarios, reducir riesgos o acompañar a las personas consumidoras. Al no actuar de manera concreta y basada en evidencia, Bogotá pierde la oportunidad de avanzar hacia un modelo contemporáneo y garantista, perpetúa la desinformación y mantiene a la ciudad rezagada frente a las tendencias globales y regionales que apuestan por enfoques integrales, comunitarios, participativos y respetuosos de los derechos humanos.
Prohibir la extensión horaria de la fiesta en Bogotá solo genera más caos, inseguridad y corrupción.
El Decreto 293 de 2025, que pretende regular la extensión horaria y el expendio de alcohol en Bogotá, representa un retroceso de más de 15 años, ya que únicamente “tecnifica la prohibición” retomando lo peor de un enfoque obsoleto.
Las manifestaciones en contra de esta medida no se han hecho esperar, incluso de parte de sus principales aliados políticos en campaña, como Asobares, FENALCO, el gremio de los billares y otros sectores que han rechazado la decisión, la cual ya empieza a afectar económicamente al sector y todo el ecosistema de la rumba. El pasado 5 de agosto, personas administradoras y afectadas por los cierres de los establecimientos comerciales de la localidad de suba tomaron las vías de hecho y salieron a protestar, bloqueando las calles, en respuesta a una medida que no ha tenido en cuenta a las particularidades de las localidades ni las dinámicas propias de la fiesta .
Aún más preocupante es que esta decisión se adoptó sin contar con indicadores claros ni líneas de base sólidas que permitan medir su efectividad o su impacto real en la seguridad, están midiendo una medida hasta las 5 de la mañana cerrando los establecimientos a las 3, la convivencia o la salud pública. Sin evidencia técnica que sustente los cambios, la política se convierte en reactiva y cortoplacista, abriendo la puerta a decisiones arbitrarias que afectan a la ciudadanía y debilitan la credibilidad institucional.
El decreto apuesta por la prohibición en lugar de ampliar los horarios, restringiéndolos y deshaciendo 15 años de avances. Se concentra en la seguridad y las sanciones, pero no promueve el consumo responsable ni la reducción de daños. Tampoco incluyó la participación de la comunidad, los gremios o el sector empresarial, y fue acompañado de una estrategia deficiente de comunicación y socialización, ignorando una tradición histórica de participación y concertación en la toma de estas decisiones que ha caracterizado a Bogotá en la construcción de políticas públicas.
Además, el decreto no se articula con las secretarías de Salud, Cultura, Desarrollo Económico, Ambiente, Movilidad o Integración Social. No incluye una sola referencia a mujeres, juventudes, barrios populares o realidades territoriales diversas. Presume una ciudadanía homogénea, desconectada de las prácticas culturales, económicas y sociales que realmente habitan la noche bogotana. Preocupa, también, que desconozca los avances normativos a nivel nacional en políticas de drogas y salud mental, que sí contemplan la reducción de riesgos y daños como enfoque para el consumo de sustancias psicoactivas, incluido el alcohol.
Y lo más grave para una sociedad contemporánea: en la práctica, se niega el derecho a habitar el espacio público. En lugar de concebirlo como escenario de encuentro, creación, expresión y corresponsabilidad, se sigue entendiendo como un lugar peligroso, indeseable y prohibido. Una ciudad que persigue la noche renuncia a la posibilidad de vivirla.
Carlos Fernando Galán frenó en seco el proyecto de una Bogotá 24 horas y cosmopolita que se venía construyendo hace más de una década. Estigmatizando la rumba, la economía y la cultura nocturna bajo el argumento de una crisis de seguridad que él mismo ha generado y tampoco ha podido controlar.
Incumplimiento de la sentencia para regular el consumo en el espacio público.
La Sentencia C-127/23 ordenó derogar el Decreto 1844 de 2018, mediante el cual el expresidente Ivan Duque violó la Constitución al castigar el porte y consumo de la dosis mínima. Su aplicación violenta y corrupta por parte de la fuerza pública, fue uno de los principales detonantes de tensión y conflicto con la juventud, que derivó en el estallido social del 10 y 11 de septiembre de 2020, como ya se ha mencionado en este documento.
El decreto 825 de 2019 para sancionar el consumo en espacio público, que la Secretaría de Seguridad reconoce como su marco legal de actuación, debió haber sido derogado con la sentencia C-127/23 pues tenía como fundamento el decreto 1844 de 2018 de Duque. Por tanto, cualquier actuación en el marco del decreto 825 de 2019 es inconstitucional.
Con el fin de evitar que se repitiera esta situación —es decir, la violación de la Constitución y el conflicto entre jovenes, comunidad y fuerza publica— la Corte ordenó a alcaldes y concejales implementar una regulación que garantizara:
- i) la protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes;
- ii) el respeto por los derechos fundamentales de las personas consumidoras;
- iii) la razonabilidad y la proporcionalidad de la actuación policiva para sancionar el porte y el consumo propio o con fines médicos de sustancias psicoactivas en los parques o zonas del espacio público definidas por los concejos distritales y municipales en los planes o esquemas de ordenamiento territorial;
- iv) el respeto por la autonomía territorial y el autogobierno;
- v) la protección del carácter diverso y plural de la nación; y
- vi) la observancia del debido proceso, la aplicación de los procedimientos sancionatorios y la obligación de que la carga de la prueba siempre recaiga sobre el funcionario que impone la sanción. En todo caso, la Corte subrayó que la actividad material de policía debe regirse por un principio absoluto de interdicción de la arbitrariedad” .
A más de un año y medio de emitida la sentencia, y superando el plazo de 3 meses ordenado por la Corte, la administración de Carlos Fernando Galán no ha tomado ninguna acción al respecto ni ha promovido una regulación concertada que cumpla con lo señalado por la Corte, contrario a esto, ha dejado que la iniciativa avance en manos de concejales reaccionarios de extrema derecha, quienes insisten en tratar a las personas consumidoras como delincuentes y enfermas, impidiendo su movilidad y buscando castigarlas. Con ello, reavivan la tensión y el conflicto entre jóvenes, fuerza pública y comunidad, instrumentalizando el odio como herramienta para ganar votos.
Retiró el acompañamiento institucional a la participación de personas consumidoras de cannabis, así como el apoyo a Cannabis al Parque, y no firmó el proyecto de decreto de la Mesa Distrital Cannábica.
Pese a que un concejal del partido de gobierno fue uno de los impulsores del Acuerdo 831 de 2022 —“Por medio del cual se establecen lineamientos para la sensibilización, promoción e investigación del sector del cannabis medicinal, cosmético e industrial en Bogotá y se dictan otras disposiciones”— que permitió avances importantes en materia de cannabis en Bogotá, el gobierno de Carlos Fernando Galán, en cabeza del Secretario de Salud Gerson Bermont, dio la espalda a estos logros y retrocedió en esta materia.
La primera acción fue retirar el apoyo técnico a la Mesa Distrital Cannábica de Bogotá, instancia que, junto con la Secretaría de Salud de Bogotá, desarrolló la Caracterización de la Comunidad Cannábica de Bogotá. Este documento no solo cumplía con el mandato del acuerdo 831, sino que tiene un alto valor técnico y se convirtió en referencia para proyectos y publicaciones sobre el tema en Bogotá y Colombia. Además, posicionó a la Alcaldía de Bogotá a la vanguardia en América Latina en diálogo social, participación y reconocimiento de las personas consumidoras como ciudadanos con derechos.
Entre 2021, 2022 y 2023, Bogotá se realizó Cannabis al Parque , el evento público y gratuito más importante organizado por alguna alcaldía en Colombia y Latinoamérica. Este encuentro visibilizó expresiones culturales, pedagógicas, académicas y de reducción de daños, así como emprendimientos relacionados con cannabis y sus diferentes usos. Además, fomentó la participación y la movilización social en salud para exigir los derechos de las ciudadanías cannábicas. Cada año participaron más de 200 expositores y asistieron más de 6.000 personas sensibilizadas desde la inclusión en procesos de participación social en salud. Sin embargo, esta estrategia dejó de recibir apoyo técnico, político y financiero por parte de la Secretaría de Salud para su continuidad en el 2024 y 2025.
En algún escritorio de la Secretaría de Gobierno permanece archivado el proyecto de decreto para el reconocimiento de la Mesa Distrital Cannabica de Bogotá como una instancia de participación ciudadana mixta. Solo le falta la firma del secretario de gobierno para pasar a sanción del alcalde, pero esta administración ha decidido no reconocerla. De haberse aprobado, habría servido como canal de participación para la prevención, atención, tratamiento, diálogo social, solución de conflictos, investigación, y emprendimiento, reduciendo tensiones y potenciando los beneficios del cannabis y su ecosistema, así como implementando estrategias territoriales para dar cumplimiento a las sentencias de la corte, normas distritales y nacionales.
Así desaparecieron las instancias de participación y diálogo social con las personas consumidoras, para una vez más volver al enfoque anticuado que, desde la Secretaría de Salud, las trata como enfermas, y desde la Secretaría de Seguridad, como contraventores o delincuentes.
Firmó un convenio perjudicial para las finanzas de Bogotá, con el símbolo mundial de la prohibición: la Oficina de Naciones Unidas contra la Drogas y el Delito (UNODC), para formular la política de drogas de Bogotá para los próximos 10 años.
Recientemente UNODC (Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito) en su Policy Note de julio de 2025, omitió incluir en sus mensajes clave el abordaje la reducción de daños, pese a que este enfoque fue incorporado en las resoluciones del año 2024 en la Comisión de estupefacientes de las Naciones Unidas (CND). Este hecho ejemplifica, una vez más, el talante negacionista y prohibicionista de la UNODC, entidad que se ha consolidado como el símbolo global de la implementación, mantenimiento y defensa de la fracasada guerra contra las drogas..
La Alcaldía de Bogotá y UNODC firmaron un convenio para “Aunar esfuerzos técnicos y financieros entre la Secretaría Distrital de Salud de Bogotá y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito para la Región Andina y el Cono Sur, orientados a la formulación de la Política Pública de Sustancias Psicoactivas de Bogotá” sin mencionar la “reduccion de daños”b en su articulado. Según el acuerdo, la Alcaldía aportará 1.400 millones en efectivo y la UNODC 600 millones “en especie”, consistentes en productos y servicios “ya desarrollados” en el marco de sus programas y proyectos, en la práctica, esto significa que no se aportará nada nuevo, ni se garantiza la verificación de la contrapartida, y mucho menos del uso del dinero público entregado por la Alcaldía de Bogotá, ya que las normas de Naciones Unidas impiden la supervisión por parte de los organismos de control y vigilancia del gobierno distrital o nacional.
Además, la UNODC descontará del dinero aportado por la alcaldía el 13% en concepto de “gastos de servicios”. En su contrapartida, Naciones Unidas establece, por ejemplo, que cinco piezas virtuales para redes sociales tienen un costo de 50 millones, y un conversatorio virtual para conmemorar el Día Internacional contra las Drogas y el Delito cuesta 100 millones, entre otros valores alejados de cualquier presupuesto sensato.
El convenio, firmado el 12 de mayo de 2025, tiene una duración de siete meses y quince días contados a partir de las fecha de firma del acta de inicio. Sin embargo, 3 meses después de la firma, no se conocen avances en los procesos de consultas, participación o convocatoria que garanticen la inclusión de las 11.000 personas que, según anunció la Secretaría de Salud, participarán en el proceso.
No solamente el enfoque prohibicionista, las ventajas contractuales o el alto costo de las contrapartidas generan cuestionamientos hacia la UNODC, sino también su limitada capacidad técnica, evidenciada en múltiples ocasiones. Un ejemplo claro es el “Estudio de Consumo de Sustancias Psicoactivas en Bogotá del año 2022” que la UNODC realizó para la Secretaría de Salud, en el que afirma que “para el año 2022 no se reportaron personas que consumen heroína en el último año”. Este resultado contrasta con el hecho de que el propio Distrito reporta haber atendido a las 379 que usan drogas inyectables (sin entregar evidencia, caracterizaciones ni resultados), o las más de 90 personas y 15 sobredosis revertidas registradas en solo dos años de funcionamiento por el programa CAMBIE y la Sala de Consumo Supervisado de Bogotá . A esto se suman los más de 500 usuarios que han accedido, en los últimos 12 años, a su programa de acceso a material higiénico de inyección en Bogotá.
Es así como la Alcaldía de Bogotá acordó un convenio desbalanceado, perjudicial y nocivo desde cualquier punto de vista: en primer lugar, para las finanzas de la ciudad; en segundo lugar, por el vacío técnico que implica trabajar con el máximo representante y promotor del enfoque prohibicionista en temas de drogas, una entidad que además enfrenta serios cuestionamientos técnicos por invisibilizar a poblaciones que no se alienan con su única visión centrada en la abstinencia; y, en tercer lugar, por carecer de legitimidad para convocar y reconocer la diversidad de los territorios y la participación de las organizaciones de base.
En estas condiciones, UNODC y la Alcaldía de Carlos Fernando Galán no ofrecen garantías para construir una política de drogas que cumpla con el Plan de Desarrollo o que se alinee con la transformación global en esta materia. Se desaprovecha así el desafortunado privilegio de que Bogotá sea la capital del país donde se han ensayado todas las fórmulas fracasadas de la guerra contra las drogas, y donde podría haberse planteado un enfoque verdaderamente diferente.
No apoyó la Conferencia Internacional sobre Reducción de Daños, el evento más importante en su materia a nivel mundial, y no ha impulsado eventos de innovación significativos.
Desde hace más de una década, Bogotá se ha caracterizado por realizar, impulsada por la Alcaldía Mayor, eventos de alto impacto, masiva asistencia e innovación en política de drogas, posicionándose a la vanguardia en América Latina. En 2012, la ciudad fue sede de la IV Conferencia Latinoamericana de Política de Drogas; en 2014 y 2015 apoyó las Semanas Psicoactivas; en 2021, 2022 y 2023 la Secretaría de Salud lideró Cannabis al Parque; y en septiembre de 2022 realizó, en las instalaciones de la Secretaría de Salud, el Simposio Psilocibina y salud: Hongos psilocíbicos como herramientas alternativas a terapias medicinales. Estos antecedentes muestran que, independientemente de la administración de turno, Bogotá se había anticipado y marcado la pauta en materia de reforma de política de drogas.
Pese a este legado y a la oportunidad histórica de posicionarse como líder mundial debates sobre política de drogas, el alcalde Carlos Fernando Galán privó a la ciudad de encabezar el evento más importante en materias de salud pública y drogas realizado en Colombia en toda su historia —y uno de los más relevantes en Latinoamérica—: la Conferencia Internacional sobre Reducción de Riesgos y Daños. Aunque envió un contratista de rango bajo a las reuniones del Comité Local de Impulso para “hacer acto de presencia”, las solicitudes técnicas y logísticas recibieron evasivas como: “no es de nuestra competencia” o “el sistema responderá en caso de requerir”, entre otras respuestas desobligantes.
Ningún alto funcionario de la alcaldía asistió a los actos protocolarios de bienvenida a los más de 1.200 visitantes de 66 países, ni participó en las rueda de prensa con medios como The Lancet, The Economist, The Guardian, Associated Press, Washington Post, The Independent, Folha de S. Paulo, entre otros. Tampoco hubo presencia en ninguna de las 4 plenarias, 65 sesiones, 27 espacios de diálogo, talleres o ferias de servicios del evento, calificado por Corferias como uno de los eventos internacionales más importantes de 2025 en el Ágora.
Al negarse a participar activamente y a respaldar esta conferencia, Bogotá cerró la puerta a un espacio de debate técnico y político de relevancia global y perdió una oportunidad estratégica para consolidar su liderazgo internacional en políticas públicas de drogas. Este vacío envía un mensaje claro: la ciudad renuncia, por decisión política del actual alcalde, a ser protagonista de las transformaciones que marcan la agenda internacional en esta materia, dejando el espacio a otras ciudades y países que sí apuestan por liderar con visión de futuro.
Carlos Fernando Galán, junto con sus secretarios de despacho y asesores, politizó el evento más relevante de reducción de daños en el mundo borrando —aunque sea temporalmente— a Bogotá del mapa global de la innovación en política de drogas. Lo más preocupante: negó a sus funcionarios y contratistas la posibilidad de participar en un espacio altamente científico, técnico e innovador, condenándolos a seguir operando bajo enfoques obsoletos y desconectados de la realidad, mientras otras ciudades y países lo aprovecharon al máximo.
Las 8 acciones que marcarán el sello prohibicionista, estigmatizante y arcaico a la administración de Carlos Fernando Galán
Pese al esfuerzo de algunos asesores, secretarios y concejales, su legado en política de drogas será pasajero, pues el fin del prohibicionismo y la transición a un modelo de regulación más pragmático y humano son inevitables.
Llamado urgente a la Alcaldía de Bogotá ante los retrocesos e incumplimientos en Políticas de Drogas
Ante el evidente retroceso en materia de políticas públicas sobre sustancias psicoactivas, la persistencia de enfoques prohibicionistas, negacionistas y estigmatizantes, y la ausencia de evidencia técnica, indicadores claros, rendición de cuentas y procesos participativos, hacemos un llamado urgente a la administración distrital para que rectifique el rumbo y recupere el liderazgo histórico de la ciudad en esta materia.
Así mismo, exhortamos al Concejo de Bogotá a ejercer control político sobre la política de drogas del Distrito.Bogotá no puede seguir desaprovechando oportunidades estratégicas para posicionarse como referente regional e internacional en políticas innovadoras, basadas en evidencia y respetuosas de los derechos humanos.
Exigimos a la Alcaldía:
- Cumplir de manera transparente y verificable los compromisos del Plan de Desarrollo Bogotá Camina Segura en materia de formulación de política de drogas, reducción de riesgos y daños, estudios de riesgo químico, mínimo vital de agua y acciones de bienestar y cuidado en entornos de consumo.
- Abandonar la criminalización y la sanción como única respuesta, priorizando enfoques integrales de salud pública, educación, participación comunitaria, convivencia y reducción de daños.
- Garantizar que cualquier medida o regulación se base en indicadores sólidos, líneas de base claras y mecanismos de seguimiento que permitan evaluar su efectividad e impacto social, sanitario y económico.
- Restituir y fortalecer los espacios de diálogo, participación y concertación con comunidades, gremios, sociedad civil, organizaciones de base comunitaria y personas usuarias, incluyendo el reconocimiento y apoyo a instancias como la Mesa Distrital Cannábica.
- Articular de manera intersectorial a todas las dependencias relevantes —Salud, Cultura, Desarrollo Económico, Seguridad, Integración Social, Movilidad y Ambiente— en el diseño e implementación de políticas y programas sobre SPA.
- Recuperar la agenda de eventos de innovación y liderazgo internacional, participando activamente en conferencias y foros técnicos globales.
- Consultar y hacer partícipe a la sociedad civil experta en reducción de daños y política de drogas en el diseño e implementación de servicios y estrategias efectivas y adherentes para la población usuaria de sustancias, reconociendo los derechos humanos como eje central.
Es momento de que Bogotá deje atrás el inmovilismo y el retroceso. Urge una administración que, en lugar de cerrar espacios y oportunidades, abra caminos hacia una política de drogas moderna, participativa y humana, acorde con las tendencias y estándares internacionales.
