Una lectura crítica y reflexiva sobre la política de drogas en Colombia.
Por Gina Díaz y Échele Cabeza IA
Introducción
La política de drogas volvió a ganar una elección antes de gobernar. Durante la más reciente contienda presidencial, la fumigación de cultivos, las megacárceles, la “mano dura”, el endurecimiento de las penas y la persecución del narcotráfico y de las personas que usan drogas fueron presentadas como la respuesta para recuperar la seguridad del país. El discurso no solo ocupó un lugar central en la campaña de Abelardo de la Espriella, sino que encontró eco en una parte importante del electorado colombiano.
Pero quizá la discusión más importante no sea qué propone el próximo gobierno, sino otra mucho más incómoda: ¿cómo es posible que una política cuyos resultados llevan más de cincuenta años siendo cuestionados por la evidencia, la experiencia internacional e incluso por la propia historia de Colombia, siga despertando tanta confianza?
La mal llamada “guerra contra las drogas” fracasó. Fracasó en reducir de manera sostenida los cultivos de coca, la producción de cocaína, la disponibilidad de sustancias en los mercados y la violencia asociada al narcotráfico. Y por supuesto fracasó porque invisibiliza a las personas que usan drogas. También fracasó al concentrar buena parte de sus costos sobre los eslabones más débiles de la cadena, criminalizando y estigmatizando a cultivadores y pequeños productores, especialmente en territorios rurales empobrecidos y en comunidades históricamente racializadas, mientras las estructuras con mayor capacidad económica y política logran reproducirse y adaptarse. Sin embargo, consiguió una victoria mucho más profunda: convertir el prohibicionismo en sentido común. Sobrevivió a los gobiernos, a las cifras, a la evidencia y a sus propios fracasos. Sigue presente en los discursos políticos, en las campañas electorales, en los titulares de prensa, en la forma en que una parte de la sociedad comprende el consumo de sustancias y, sobre todo, en la manera en que el Estado distribuye sus recursos. Mientras miles de millones de pesos continúan destinándose a la interdicción y la persecución penal, la educación sobre drogas, la salud mental, la prevención, la investigación y la reducción de riesgos y daños frente al consumo siguen disputándose presupuestos marginales.
Durante más de cincuenta años, gobiernos de distintas corrientes ideológicas han prometido ganar una guerra que ninguno ha logrado. Han cambiado los enemigos, las estrategias y los discursos, pero no la estructura del problema. Las causas que sostienen el mercado ilegal permanecen prácticamente intactas y, todavía hoy, cuestionarlas sigue siendo uno de los mayores tabúes de la política de drogas.
Desde hace casi dos décadas, en Acción Técnica Social (ATS) hemos acompañado la discusión, implementación y evaluación de políticas de drogas desde la sociedad civil. Hemos participado en escenarios nacionales e internacionales; trabajado con personas que usan sustancias psicoactivas, excombatientes y comunidades afectadas por las economías del narcotráfico; y desarrollado estrategias de reducción de riesgos y daños en consumo de sustancias desde un enfoque de derechos humanos, salud pública aportando a la construcción de evidencia científica. Esa experiencia nos permite afirmar que las propuestas de Abelardo de la Espriella representan el mayor recrudecimiento del paradigma prohibicionista, su expresión más radical y punitiva: la recuperación de una política que profundiza la criminalización, la estigmatización de las personas que usan sustancias y la idea de que la violencia, el castigo y el encarcelamiento pueden resolver un fenómeno que lleva más de medio siglo resistiendo exactamente esas mismas respuestas.
Este artículo no busca discutir una campaña electoral. Busca revisar una historia de innovación para el fracaso que Colombia insiste en repetir. Porque mientras la cocaína siga prohibida, la política de drogas continuará atrapada en las mismas fórmulas y los gobiernos que insistan en sostener el paradigma prohibicionista estarán condenados a repetir sus mismos fracasos.
1. La guerra contra las drogas fracasó. Su narrativa continua.
La historia reciente de la política de drogas en Colombia no puede entenderse como la sucesión de gobiernos con ideologías distintas. Tampoco como una disputa entre derecha e izquierda. En realidad, es la historia de un mismo paradigma camaleónico que ha sobrevivido a todos los cambios políticos: la prohibición como eje central para enfrentar el mercado de las drogas.
Durante décadas, Colombia ha transitado por gobiernos liberales, conservadores y progresistas. Han cambiado los discursos, las prioridades y los estilos de gobierno. Sin embargo, todos han permanecido dentro de los límites impuestos por las Convenciones Internacionales de Fiscalización de Estupefacientes de las Naciones Unidas y, en consecuencia, han construido sus políticas alrededor de una misma premisa: perseguir la oferta, reprimir el mercado ilegal y responder a un fenómeno social, económico, ambiental y de salud pública mediante herramientas predominantemente penales y militares.
El problema es que esa estrategia no ha logrado los resultados que prometía. Cada gobierno presentó una nueva estrategia para administrar solo muestras del mismo fracaso.
Al no intervenir la causa estructural del fenómeno, es decir, la ilegalidad de un mercado cuya rentabilidad se alimenta de manera directa precisamente de la prohibición y de la renta de monopolio ilegal que esta genera, las políticas públicas terminaron concentrándose en atacar los eslabones más débiles de la cadena: la población campesina cultivadora, pequeños distribuidores, personas que usan sustancias y territorios históricamente excluidos. Mientras tanto, la demanda internacional continuó creciendo, las organizaciones criminales se adaptaron a cada intervención estatal y el mercado ilegal encontró nuevas formas de expandirse.
El ejemplo más claro de esta contradicción fue el Acuerdo Final de Paz firmado con las FARC-EP en 2016. Por primera vez, Colombia tenía la posibilidad de abordar el problema de las drogas desde una perspectiva de transformación territorial y desarrollo rural integral. El Punto 4 del Acuerdo propuso sustituir la lógica exclusivamente represiva por una estrategia articulada entre desarrollo económico, participación comunitaria y construcción de paz. Era, probablemente, la oportunidad más importante que ha tenido el país para modificar las condiciones estructurales que alimentan las economías ilegales.
Sin embargo, esa oportunidad terminó diluyéndose entre la débil presencia integral del Estado en los territorios, la desarticulación y paquidermia institucional, las disputas burocráticas y la decisión de seguir privilegiando la erradicación por encima de la transformación económica. El resultado fue exactamente el contrario al esperado: lejos de disminuir, la producción de cocaína alcanzó niveles históricos de rendimiento por hectárea y una mayor dispersión geográfica. El proceso de paz transformó parcialmente el conflicto armado, pero no modificó el paradigma prohibicionista que sostiene el mercado ilegal.
En ATS vivimos ese momento de primera mano. Acompañamos a uno de los Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación en su momento “zona veredal” convencidos de que la reincorporación no podía limitarse a la dejación de armas o a la sustitución económica. También requería procesos de educación sobre drogas y de reducción de riesgos y daños frente al consumo, entendiendo que quienes dejaban atrás la guerra también transitaban profundas transformaciones sociales, culturales y personales. Presentamos una propuesta al gobierno de la época, pero fue descartada. Una vez más, la prevención quedó relegada frente a las respuestas tradicionales de seguridad.
Paradójicamente, fueron los propios ex combatientes quienes nos advirtieron sobre un fenómeno que apenas comenzaba a hacerse visible: la apertura de nuevos mercados de drogas en municipios, barrios y entornos escolares donde antes esas dinámicas eran inexistentes o estaban estrictamente controladas por los actores armados. La preocupación no era solamente el aumento de la oferta, sino la expansión de nuevas sustancias, nuevos mercados y nuevas poblaciones consumidoras. Esa alerta fue compartida con distintas instituciones. No fue escuchada. Años después, buena parte de esos cambios hacen parte del panorama que hoy enfrenta el país.
Lo más llamativo es que este escenario no era imprevisible.
Desde 2016, organizaciones de la sociedad civil y centros de pensamiento independiente advirtieron que, sin una transformación del modelo de regulación de la cocaína y sin alternativas económicas sostenibles para los territorios, el país enfrentaría una reorganización de las economías ilegales. Uno de esos ejercicios fue el estudio prospectivo “Pensando en coca-ína”, desarrollado por ATS que proyectó distintos escenarios de la cadena de circulación de la hoja de coca y del mercado de la cocaína hacia 2034. El estudio advertía que una parte importante de los mandos medios y excombatientes no abandonarían las economías ilícitas mientras la cocaína continuará siendo un mercado ilegal con márgenes extraordinarios de rentabilidad. Lo que entonces parecía un escenario hipotético terminó convirtiéndose en la realidad: reconfiguración de las violencias, consolidación de disidencias, fragmentación de grupos armados y disputa permanente por los territorios cocaleros. No fue un problema de falta de diagnósticos. Fue la consecuencia de hacerse oídos sordos.
Las cifras confirman esa tendencia. De acuerdo con el Informe Mundial sobre las Drogas 2026 de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), el número estimado de personas que usan cocaína pasó de aproximadamente 17 millones a 25 millones durante la última década, mientras la producción mundial continuó aumentando. En ese contexto, seguir abordando el fenómeno exclusivamente desde la reducción de la oferta resulta insuficiente. Cuando la demanda permanece estable o crece, la destrucción de cultivos, la erradicación forzada o la sustitución sin garantías reales de comercialización producen, que una y otra vez, el mercado simplemente cambie de lugar, incorpore nuevas tecnologías y mantenga intactos sus incentivos económicos.
La historia reciente de Colombia demuestra que el fracaso de la guerra contra las drogas no puede atribuirse a un solo gobierno ni a una única corriente política. Se trata de un fracaso estructural, sostenido por un paradigma que ha permanecido prácticamente intacto durante décadas, permeando la cultura, las instituciones, el discurso político y, casi, el inconsciente colectivo. Quizá esa sea una de sus consecuencias más profundas y peligrosas: convertir la prohibición en una verdad incuestionable, incluso cuando la evidencia demuestra una y otra vez sus limitaciones. Por eso, antes de discutir el futuro de la política de drogas en el país, resulta necesario mirar hacia atrás y preguntarnos qué hicieron los últimos gobiernos, cuáles fueron sus principales apuestas y qué resultados produjeron realmente.
2. Los caminos hacia el mismo laberinto prohibicionista
Si algo demuestra la historia reciente de la política de drogas en Colombia es que cambiar de gobierno no ha significado cambiar de paradigma. Santos, Duque y hasta Petro llegaron al poder con visiones profundamente distintas sobre el país, pero cuando se trata de la cocaína, los tres terminaron recorriendo el mismo camino: el del prohibicionismo. Cambiaron los discursos, los énfasis y las prioridades, pero ninguno logró romper la lógica de una política que sigue entendiendo el fenómeno de las drogas principalmente como un problema de seguridad. Mientras tanto, la salud pública, la educación sobre drogas, la salud mental y la reducción de riesgos y daños frente al consumo continuaron ocupando un lugar marginal y eso se denota en la asignación de los recursos públicos.
Juan Manuel Santos (2010-2018): el presidente que abrió el debate, pero no la puerta
Juan Manuel Santos fue, probablemente, el presidente que más movió la discusión internacional sobre la política de drogas. Llevó el debate sobre el fracaso de la “Guerra contra las Drogas” a la UNGASS 2016 y a diferentes escenarios latinoamericanos, suspendió la fumigación aérea con glifosato en 2015 con base en el principio de precaución y la evidencia científica (IARC/OMS), incorporó el problema de las drogas en el Punto 4 del Acuerdo de Paz, creó el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS), estableció el marco legal para el cannabis medicinal mediante la Ley 1787 de 2016 y abrió, al menos en el discurso, una ventana para hablar de salud pública, reducción de riesgos y daños frente al consumo y no perseguir la dosis mínima.
Pero ese liderazgo internacional nunca logró traducirse en una transformación estructural dentro del país. Mientras Colombia proponía discutir alternativas al prohibicionismo, mantuvo la erradicación forzada y la persecución penal como ejes de su política. El PNIS perdió credibilidad por los retrasos e incumplimientos con la población campesina cultivadora; las hectáreas de coca pasaron de cerca de 48.000 en 2013 a más de 170.000 en 2017; nunca se concretó la reforma integral de la Ley 30 de 1986 para descriminalizar al pequeño eslabón; la fuerza pública siguió concentrando sus esfuerzos en la erradicación manual en pequeñas fincas y no en las estructuras financieras del narcotráfico; y la Ley 1801 de 2016 (Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana) dejó un marco sancionatorio que aún hoy impacta el porte y consumo de la dosis mínima.
Sin embargo, quizá la mayor contradicción de este gobierno estuvo en el presupuesto. Pese al cambio de discurso y los avances normativos, cerca del 97 % de los recursos continuaron destinados a la prohibición, la interdicción y la guerra contra las drogas, mientras la salud pública, la educación sobre drogas, la prevención y la reducción de riesgos y daños frente al consumo siguieron esperando una apuesta presupuestal que nunca llegó. Santos abrió el debate internacional, pero nunca logró abrir la puerta para transformar las prioridades del Estado colombiano.
Iván Duque (2018-2022): profundizar una estrategia que ya había demostrado sus límites
Si el gobierno de Juan Manuel Santos abrió el debate sobre el fracaso de la guerra contra las drogas, Iván Duque decidió fortalecer nuevamente el paradigma prohibicionista. Sus principales resultados estuvieron orientados a cumplir esa agenda sin mayores innovaciones: registró cifras récord de interdicción marítima y aérea de clorhidrato de cocaína en puertos y aguas internacionales, impulsó la estrategia Zonas Futuro para concentrar la oferta institucional en las regiones más afectadas por el narcotráfico, aceptó a regañadientes la regulación del cáñamo y del cannabis industrial mediante el Decreto 811 de 2021, que habilitó la exportación de flor seca de cannabis medicinal al final de su gobierno, y continuó con los programas de pago por servicios ambientales para comunidades rurales que abandonan cultivos de uso ilícito.
Sin embargo, incluso estos resultados deben leerse con cautela. Cada gobierno termina reportando cifras récord de incautaciones porque también enfrenta cifras récord de producción. Cuando aumenta la producción, inevitablemente aumentan las incautaciones. El verdadero indicador no es cuánto se decomisó, sino si el mercado ilegal se redujo, y eso nunca ocurrió. A ello se sumó que la estrategia Zonas Futuro nunca contó con el presupuesto suficiente para transformar los territorios y que la reglamentación del cannabis tardó cerca de tres años en hacerse viable, llevando a la quiebra a buena parte de quienes habían apostado por esa industria.
Los aspectos negativos fueron mucho más profundos y visibles. La obsesión por regresar a la fumigación aérea llevó al gobierno a destinar importantes recursos jurídicos e institucionales para intentar revivir el glifosato, sin lograr superar los condicionamientos de la Corte Constitucional. El Decreto 1844 de 2018 marcó una nueva inflexión punitiva y estigmatizante frente a las personas que usan sustancias al autorizar el decomiso de la dosis personal en el espacio público, criminalizando de facto el consumo urbano y convirtiéndose en uno de los detonantes de las tensiones que desembocaron en el estallido social. Al mismo tiempo, el PNIS fue asfixiado financiera y operativamente, desmantelando el espíritu de concertación comunitaria del Acuerdo de Paz y privilegiando nuevamente la erradicación forzada.
Los resultados fueron los mismos de siempre: se desplazaron los cultivos hacia Parques Nacionales Naturales y resguardos indígenas, mientras la violencia territorial continuó escalando. La retórica de la “mano dura” tampoco evitó el asesinato sistemático de liderazgos sociales que promovían la sustitución voluntaria. Cambió el énfasis del gobierno, pero no el resultado de la política.
Pero quizá la mayor contradicción del gobierno de Iván Duque estuvo en el presupuesto. La política Ruta Futuro se estructuró sobre cinco pilares y el primero, “Reducir el consumo de sustancias psicoactivas”, contempló 86 acciones, mientras el segundo, “Reducir la disponibilidad de drogas ilícitas”, incluyó 58 acciones. Sin embargo, de los 4,4 billones de pesos proyectados para implementar la política, 4,216 billones, es decir, el 95 % del presupuesto, fueron destinados al Pilar 2, orientado principalmente a la reducción de cultivos ilícitos. En contraste, las acciones relacionadas con la salud pública, la educación sobre drogas, la prevención y la reducción de riesgos y daños frente al consumo quedaron con recursos prácticamente simbólicos. Como dice el argot popular, amores son acciones, y en política pública las acciones se reflejan en el presupuesto. Allí quedaron claras las verdaderas prioridades del Estado: una vez más, la guerra contra las drogas recibió casi todo el dinero, mientras el cuidado de las personas volvió a quedarse con las sobras.
Gustavo Petro (2022-2026): cambiar el énfasis no fue suficiente
El gobierno de Gustavo Petro llegó con un discurso renovador y realizó cambios importantes en el énfasis de la política de drogas, aunque sin lograr abandonar el paradigma prohibicionista. Entre sus principales apuestas estuvo la despenalización del eslabón más débil de la cadena, dando directrices para suspender la persecución penal contra la población campesina cultivadora y concentrar los esfuerzos del Estado en los grandes capos e intermediarios financieros. También construyó y lanzó la Política Nacional de Drogas 2023-2033 “Sembrando vida, desterramos el narcotráfico, proponiendo la oxigenación de las comunidades y la asfixia de las finanzas criminales.
El gobierno impulsó con mayor claridad el enfoque de salud pública y reconoció públicamente la evidencia y necesidad de avanzar en acciones de reducción de riesgos y daños frente al consumo, también apoyó, aunque tardíamente, iniciativas para regular el uso adulto de cannabis, una de sus principales deudas políticas tras el fracaso de los proyectos en el Congreso. También intentó vincular la transición de las economías ilícitas con la reforma agraria y la titulación de tierras, articulando la política de drogas con la Paz Total. A ello se sumó uno de sus logros más importantes: cambiar el enfoque sobre los bienes administrados por la Sociedad de Activos Especiales (SAE), devolviendo a la sociedad activos provenientes de economías ilícitas. También el reconocimiento de las Organizaciones de Base Comunitaria como actores claves del sistema de salud para operar acciones en materia de drogas fue una intención que al menos quedó en el papel para su ejecución.
Sin embargo, buena parte de estas transformaciones se quedaron en el plano de las intenciones. La falta de capacidad técnica y administrativa, las dificultades para ejecutar el presupuesto, la escasa capacidad política para consolidar las reformas y la presión internacional para mantener el modelo prohibicionista limitaron el alcance de las propuestas.
Los resultados terminaron mostrando nuevamente las contradicciones del modelo. El país alcanzó cerca de 260.000 hectáreas cultivadas de coca y una producción récord cercana a 2.500 toneladas de cocaína. La reducción de la erradicación forzada dejó vacíos que no fueron acompañados oportunamente por inversiones productivas ni por una presencia integral del Estado en los territorios. La Paz Total tampoco logró desarticular las rentas ilícitas y, al otorgar un tratamiento político a estructuras cuya principal fuente de financiación seguía siendo el narcotráfico, permitió que varios grupos armados fortalecieran su capacidad económica y ampliarán sus rutas de tráfico.
A ello se sumó una de las mayores deudas del gobierno: la ejecución presupuestal. La sustitución de cultivos continuó enfrentando problemas administrativos que impidieron llevar proyectos productivos sostenibles a los territorios más afectados. De igual manera, la salud pública, la prevención y la reducción de riesgos y daños frente al consumo nunca lograron consolidar una financiación permanente que permitiera pasar del discurso a una verdadera política de Estado. Mientras tanto, el deterioro de la seguridad urbana y el fortalecimiento del microtráfico mostraron que concentrar el debate en las grandes estructuras criminales no resolvió los problemas cotidianos de los mercados internos de drogas.
El gobierno de Gustavo Petro cambió el lenguaje de la política de drogas y abrió discusiones que durante décadas habían sido impensables. Sin embargo, tampoco logró romper el paradigma prohibicionista ni traducir ese cambio de discurso en transformaciones estructurales, presupuestales e institucionales que modificaran el rumbo de la política de drogas en Colombia. Nos soñamos y nos quedamos con las ganas de los debates de regulación de sustancias psicoactivas para usos recreativos.
3. Abelardo de la Espriella: el recrudecimiento del prohibicionismo en su máximo esplendor, profecía de un nuevo fracaso
Si Abelardo de la Espriella implementa su modelo prohibicionista, su política de drogas está sociológica e históricamente destinada al fracaso, y aún peor, a ir en contravía de los logros alcanzados y de los derechos obtenidos en tantos años de activismo. No se trata de una opinión ideológica, sino de un conjunto de razones estructurales que durante décadas han demostrado por qué la guerra contra las drogas sigue produciendo los mismos resultados y que la versión de la Espriella es quizá la más ortodoxa y radical de todas.
- La demanda inelástica y la renta de monopolio ilegal.
Mientras la demanda global de cocaína continúe estable o en aumento, especialmente en Europa y Norteamérica, el precio del producto seguirá siendo extraordinariamente alto frente a sus costos de producción. La prohibición no elimina el mercado; por el contrario, incorpora una “tasa de riesgo” que incrementa las ganancias de las organizaciones criminales. Ninguna cantidad de fumigación, militarización o megacárceles eliminará el incentivo económico para volver a sembrar coca donde antes fue erradicada. - El inevitable efecto de movilidad y la adaptación del mercado.
La fumigación masiva no destruye la producción; simplemente la desplaza. Colombia ya vivió este fenómeno entre 2000 y 2012, cuando la aplicación intensiva de glifosato trasladó los cultivos hacia zonas de frontera, Parques Nacionales Naturales y territorios indígenas. Sin entrar a desglosar la cantidad de consecuencias sociales, sanitarias , ambientales y demás que la evidencia ha acumulado sobre las aspersión ya hecha en Colombia. A ello se suma un hecho pocas veces mencionado: hoy el rendimiento por hectárea es mucho mayor gracias a la adaptación botánica y al perfeccionamiento de los procesos químicos. Destruir una hectárea de coca produce mucho menos impacto sobre la producción final que hace veinte años. - La incapacidad de la fuerza pública para resolver un problema económico, social y territorial.
Las causas del cultivo de coca no son exclusivamente criminales. Está ampliamente documentada su relación con la ausencia de vías, crédito, titulación de tierras, mercados legales competitivos y oportunidades para la población campesina cultivadora. En muchos territorios, además, la economía de la coca se articula con las formas de habitar, trabajar y sostener la vida, en contextos atravesados por la desigualdad rural, los conflictos por el uso y la tenencia de la tierra, el deterioro ambiental y la ausencia histórica de alternativas productivas realmente competitivas y sostenibles. Esto obliga a comprender el cultivo de coca no únicamente como un eslabón de una economía ilícita, sino como parte de una realidad territorial mucho más compleja. Pretender resolver un problema estructural mediante la “mano de hierro” solo incrementa la conflictividad, deteriora la legitimidad institucional y fortalece el papel de los grupos armados como supuestos protectores de las comunidades rurales. - Megacárceles, más hacinamiento y la escuela del crimen.
El encarcelamiento masivo de los eslabones más débiles de la cadena, como raspachines, transportadores locales, pequeños distribuidores o personas que usan sustancias, no altera las finanzas del narcotráfico. Históricamente han sido, y probablemente seguirán siendo, los “chivos expiatorios” con los que los gobiernos muestran resultados rápidos, mientras las estructuras financieras, el lavado de activos y los grandes beneficiarios del negocio permanecen prácticamente intactos. Pero la persecución no termina en quienes son encarcelados. También alcanza a millones de personas que usan drogas sin participar en las estructuras del narcotráfico y que, aun sin cometer un delito, cargan con el estigma de ser consideradas peligrosas, desviadas o socialmente problemáticas. Esta mirada convierte a quien consume en un objeto de vigilancia antes que en un sujeto de derechos y puede producir consecuencias que van mucho más allá de la sanción penal, como el ocultamiento del consumo, el temor a buscar ayuda, el alejamiento de los servicios de salud y las dificultades para acceder a información y estrategias de reducción de riesgos y daños.
De esta forma, la estrategia profundiza la crisis penitenciaria, incrementa las vulneraciones de derechos humanos y fortalece uno de los mayores contrasentidos del prohibicionismo: convertir las cárceles en espacios de reclutamiento, organización y operación de estructuras criminales. No es un secreto que, pese a los controles, al interior de los establecimientos penitenciarios continúan circulando sustancias psicoactivas y operando redes ilegales, evidenciando que el encarcelamiento por sí solo no elimina los mercados de drogas, sino que los desplaza y transforma. Resulta igualmente paradójico que una política centrada en perseguir el consumo ignore que este también existe dentro de las prisiones y, como ocurre en todos los ámbitos de la sociedad, también entre integrantes de la Policía y la Fuerza Pública, precisamente sectores encargados de hacer cumplir la ley. La cárcel no ha resuelto el problema; en demasiadas ocasiones ha terminado administrándolo y reproduciéndolo.
- El consumo entendido como un problema moral.
Reducir el consumo de sustancias a un problema de autoestima, valores familiares, debilidad moral o pecado implica regresar a un enfoque patologizante, estigmatizador y segregacionista, con un rearme en la sacralización del prohibicionismo. Esta avanzada moralizante hunde sus raíces en imaginarios históricos vinculados a la abstinencia, la pureza y la idea del consumo como una desviación. Esta visión no disminuye el consumo; lo oculta. Hace que las personas consuman en condiciones de mayor riesgo, retrasa la búsqueda de ayuda, fortalece el estigma y profundiza situaciones de salud mental derivadas del miedo. Así, la moralización del consumo continúa siendo una de las herramientas más eficaces del prohibicionismo para legitimar la exclusión, la criminalización y el control sobre determinados grupos sociales.
4. ¿Cómo prepararnos? Una agenda desde la Reducción de Riesgos y Daños
Si aceptamos como una premisa pragmática que un eventual gobierno de Abelardo de la Espriella mantendrá un marco punitivo, de “mano dura” y de prohibición formal, la pregunta para la sociedad civil deja de ser únicamente cómo oponerse a ese modelo y pasa a ser otra mucho más útil: ¿cómo blindar a las comunidades y minimizar los daños que produce la guerra contra las drogas?
Desde Acción Técnica Social creemos que la Reducción de Riesgos y Daños debe dar un paso más. Durante años se ha asociado exclusivamente a intervenciones de salud pública, como el análisis de sustancias, la distribución de jeringas estériles o los programas de sustitución de opioides. Sin embargo, la reducción de riesgos y daños es mucho más amplia. También es una herramienta para gestionar los riesgos sociales, económicos, territoriales, institucionales y de derechos humanos que produce la propia prohibición. Si el prohibicionismo no desaparece, también debemos aprender a reducir los daños que este genera sobre las personas, las comunidades y los territorios.
Desde esa perspectiva proponemos cinco acciones estratégicas.
- Zonas de exclusión punitiva y protección del campesinado.
Si pese a toda la oposición argumentaba que debe hacerse, la fumigación y la erradicación forzada vuelven a ocupar un lugar central en la política de drogas, el Estado debe establecer Zonas de Exclusión Punitiva y Protocolos Especiales de Protección para territorios con presencia de comunidades étnicas, Parques Nacionales Naturales y enclaves de agricultura familiar. La seguridad no puede seguir construyéndose sobre la vulneración de derechos de las comunidades más vulnerables y la destrucción medioambiental.. - Priorización penal selectiva y defensa de los eslabones más débiles.
Un modelo basado en megacárceles sólo será sostenible si deja de perseguir masivamente a raspachines, pequeños distribuidores y personas que usan sustancias. La persecución penal debe concentrarse en la violencia letal, el lavado de activos y las estructuras financieras del narcotráfico, evitando el colapso del sistema penitenciario, la reproducción de la llamada “escuela del crimen” y la vulneración de los derechos humanos. - Blindar la Política Integral de Reducción de Riesgos y Daños.
Incluso en un gobierno prohibicionista, la salud pública debe conservar autonomía técnica. Es indispensable fortalecer la implementación de “La Política integral para la prevención, la reducción de riesgos y daños y la atención del consumo de sustancias psicoactivas, lícitas e ilícitas y el Sistema Nacional de Atención al consumo de sustancias psicoactivas” creada con Resolución 2.100 de 2025 y que se garantice su Plan de acción con presupuesto y en el mismo sentido la continuidad de programas de análisis de sustancias, sustitución de opioides, salas de consumo supervisado, clubes cannábicos y demás estrategias basadas en evidencia que han demostrado disminuir riesgos sin aumentar el consumo de acuerdo a las características poblacionales de los territorios. - Fortalecer la organización social y la vigilancia en derechos humanos.
Los escenarios de mayor prohibicionismo exigen organizaciones más fuertes, no más aisladas. Será necesario dejar de lado los egos institucionales, fortalecer las redes entre organizaciones, academia y comunidades, conocer y utilizar los mecanismos de denuncia frente a detenciones arbitrarias, tratamientos forzados, discriminación y otras vulneraciones de derechos humanos. Del mismo modo, resulta indispensable impulsar un Observatorio Independiente de Vigilancia que, junto con la Defensoría del Pueblo, organismos internacionales y la sociedad civil, monitoree permanentemente los impactos de las operaciones antidrogas sobre la población civil. - Blindar las economías legales y construir espacios seguros.
Mientras la hoja de coca para uso psicoactivo continúe prohibida, Colombia debe avanzar en la regulación y el aprovechamiento industrial de sus usos no psicoactivos, así como del cáñamo, para reducir la dependencia de las economías ilegales. Al mismo tiempo, será necesario fortalecer espacios seguros para las personas que usan sustancias, proteger experiencias como el acceso al análisis de sustancias, impulsar clubes cannábicos y otros modelos de gobernanza y regulación responsable que permitan reducir la exposición de las personas a los mercados ilegales. No se trata de esconderse. Se trata de organizarse para defender derechos y evitar que las personas que usan sustancias vuelvan a convertirse en la carne de cañón de una guerra que nunca decidieron librar.
Pero organizarse también significa producir evidencia. Necesitamos investigar más, documentarnos más, escribir y compartir mejor lo que sabemos. No desde las opiniones ni desde las disputas entre organizaciones, sino desde la rigurosidad científica, la experiencia comunitaria y la capacidad de demostrar qué funciona y qué no. La investigación sobre los usos terapéuticos de los psicodélicos en salud mental, los modelos de regulación, la reducción de riesgos y daños de amplio espectro, el análisis de sustancias y muchas otras líneas de trabajo deben seguir fortaleciéndose porque el conocimiento también rompe el estigma, y el estigma ha sido, durante décadas, una de las herramientas más eficaces del prohibicionismo.
Seguiremos resistiendo, pero no desde la resistencia pasiva. Seguiremos sosteniendo, construyendo, cuidando y defendiendo con firmeza y con afecto los derechos de las personas que usan sustancias. Seguiremos insistiendo en que las drogas, por sí mismas, no explican la complejidad de los problemas sociales que les atribuimos. Ha llegado el momento de dejar de culpabilizar exclusivamente a las sustancias para empezar a transformar aquello que realmente sostiene los daños: el estigma, la exclusión, la desigualdad, la falta de oportunidades y una cultura que durante demasiado tiempo ha preferido perseguir antes que comprender. También implicará reconocer que nuestra relación con las sustancias no es nueva ni homogénea y que existen comunidades que históricamente han construido saberes, prácticas y formas de cuidado alrededor de determinados usos ancestrales de plantas y sustancias. Porque, al final, la verdadera transformación no dependerá únicamente de cambiar una política de drogas; dependerá de que seamos capaces de cambiar la forma en que como sociedad nos relacionamos con las sustancias, con las personas que las usan y, sobre todo, con la manera en que decidimos cuidar la vida.
Estas cinco acciones demuestran que, incluso bajo un gobierno profundamente prohibicionista, la sociedad civil, la academia y las comunidades siguen teniendo herramientas técnicas y sociales para reducir daños, proteger derechos y limitar los impactos de una política basada en el castigo. El prohibicionismo seguirá atacando los síntomas mientras ignore la causa estructural: la ilegalidad de la cocaína y la renta extraordinaria que esa prohibición genera. Pero la Reducción de Riesgos y Daños ofrece una posibilidad distinta: no esperar a que cambie el paradigma para empezar a disminuir sus consecuencias.
Este es el primero de una serie de artículos con los que Acción Técnica Social busca aportar a la reforma de la política de drogas en Colombia, sino, sobre todo, a la construcción de respuestas concretas frente a los desafíos que se avecinan. Estamos convencidos de que la Reducción de Riesgos y Daños es mucho más que una estrategia de gestión para el consumo de sustancias: es una forma de comprender y transformar los impactos sociales, económicos, territoriales e institucionales que produce la prohibición. Si durante décadas la guerra contra las drogas ha innovado para fracasar, quizá sea el momento de que la sociedad civil empiece a innovar para cuidar la vida.
